El “Decreto Maricarmen” no es el nombre oficial de la norma sino la denominación política y mediática del nuevo Real Decreto-Ley de Vivienda que el Gobierno intenta aprobar en el Consejo de Ministros de este martes 29 de septiembre. El texto, en fase de negociación política, espera su aprobación por parte del Consejo de Ministros y su registro formal en el Congreso. El paquete que se está negociando gira en torno a cinco bloques que mantienen a España dividida y generan una duda: ¿Lo convalidará el Congreso?
De momento, las medidas que se conocen son apenas un borrador negociado. El primer bloque contempla los desahucios, el segundo son alquileres, el tercero el alquiler temporal y por habitaciones, el cuarto la vivienda turística y los fondos de inversión y el quito bloque, la Vivienda pública y su fiscalidad. También se ha planteado que la vivienda turística tribute con un IVA del 21%, aunque este extremo podría modificarse en la versión final.
El origen: un caso convertido en crisis política
El detonante de la crisis, y la acampada en la Puerta del Sol, fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que había residido durante décadas. El caso ha transformado un problema estructural —desahucios, alquileres y falta de vivienda asequible— en una convulsión política inmediata que tiene a España polarizada.
La acción de calle es la expresión más visible de esa presión social, pero el asunto va mucho más allá: afecta a la estabilidad del Gobierno, a la relación entre PSOE y sus socios, y a la capacidad del Ejecutivo para obtener apoyos parlamentarios. Sumar ha llegado a reclamar que el Gobierno recupere o expropie la vivienda de Maricarmen, pero esa reivindicación no equivale necesariamente a una medida incluida en el decreto.
¿Hay trampa?
Analistas señalan que el “decretazo” podría esconder una trampa económica. “Aprovechando la presión mediática del desahucio el Gobierno lanza un decretazo que pretende prorrogar los contratos por la fuerza y congelar los desahucios, trasvasando el problema social al propietario privado”, advierte el economista y Perito Judicial Inmobiliario José María Paez.
La realidad jurídica es que el RDL entra en vigor inmediatamente, pero el artículo 86 de la Constitución exige que el Congreso lo valide en un plazo de 30 días, “ahí está el verdadero problema”, debido a que los socios de investidura siguen divididos —asegura Paez. Como economista advierte: “Alterar las normas de arrendamiento e imponer prórrogas forzosas destruye la seguridad jurídica del mercado”. El resultado podría ser que los propietarios retiren sus pisos del mercado, la oferta se hunda más y los precios se disparen —sentencia el analista.
Por qué Junts es decisivo
El Gobierno no solo necesita aprobar el decreto en Consejo de Ministros, sino conseguir su convalidación en el Congreso. La votación no exige mayoría absoluta: basta con mayoría simple, es decir, más votos favorables que contrarios; las abstenciones pueden ser determinantes.
La aritmética parlamentaria obliga a negociar con varios grupos, entre ellos Junts, Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y BNG. El problema es que las condiciones de esos partidos no coinciden Sumar y Podemos, que presionan para que el decreto sea más intervencionista. En este tablero, Junts es necesario para ampliar la mayoría, pero puede rechazar medidas que considere perjudiciales para propietarios, inversión o competencias territoriales.
Qué no debe confundirse
Hay tres planos distintos en esta crisis. La reivindicación social, visible en la Puerta del Sol, reclama una solución amplia al problema de la vivienda. El paquete político, donde el Gobierno negocia un conjunto de medidas bajo el nombre mediático de “decreto Maricarmen”. Y la norma jurídica, que solo existirá cuando el Consejo de Ministros apruebe el RDL, se publique en el BOE y después sea convalidado por el Congreso, un camino que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.
Lo que no debe confundirse es este proyecto con el anterior Real Decreto-ley 8/2026, rechazado por el Congreso y que quedó derogado. El nuevo texto es una iniciativa distinta que, a fecha de hoy, aún no ha comenzado formalmente su tramitación parlamentaria. En este momento, la cuestión no es solo si el Gobierno aprueba el decreto, sino qué versión aprobará y si podrá sobrevivir a la votación del Congreso.
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