Hay quien sostiene que la tortilla de patatas debe llevar cebolla y quien considera que añadirla constituye una agresión a la gastronomía nacional. Cada uno defiende su receta con la convicción de quien cree estar protegiendo un principio constitucional. Y, naturalmente, el otro no tiene ni puta idea de cocinar.
Algo parecido sucede con la Puerta del Sol. Unos defienden la acampada como una manifestación legítima ante la crisis de la vivienda. Otros rechazan la ocupación prolongada de un espacio público que pertenece a todos los madrileños y consideran que la protesta se ha convertido en un instrumento de confrontación política. No sabemos si España está dividida exactamente al 50%, porque no disponemos de una encuesta que permita afirmarlo. Pero la controversia ilustra hasta qué punto hemos aprendido a convertir cualquier desacuerdo en un enfrentamiento.
La acampada, que comenzó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, ha recuperado parte del espíritu del 15-M. Según las informaciones publicadas, más de un millar de tiendas han llegado a instalarse en la plaza. La movilización reivindica medidas para garantizar el acceso a la vivienda, mientras la Comunidad de Madrid ha acudido a los tribunales para solicitar el desalojo. El delegado del Gobierno, por su parte, sostiene que la intervención debe ajustarse a las garantías del derecho de reunión. La discusión tiene, por tanto, dimensiones jurídicas, sociales y políticas que no desaparecen por mucho que unos y otros levanten la voz.
El derecho a manifestarse no convierte cualquier actuación en ilimitada, del mismo modo que la necesidad de preservar el uso común de una plaza no elimina el derecho a protestar. Y corresponde a los tribunales determinar las consecuencias jurídicas de las actuaciones que se denuncien. Lo verdaderamente curioso es que la tortilla parece importar más que las patatas. Mientras unos discuten quién tiene derecho a quedarse en Sol y otros quién puede ordenar que se marchen, miles de jóvenes siguen sin poder independizarse, numerosas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y la construcción de vivienda asequible continúa sin responder a las necesidades acumuladas.
El Gobierno central tiene responsabilidades. La Comunidad de Madrid también. Los ayuntamientos disponen de competencias urbanísticas fundamentales. Y todos ellos deben explicar qué resultados están obteniendo con los instrumentos que administran. Porque una cosa es atribuir responsabilidades y otra utilizarlas para justificar la inacción propia.
¿Y SI DEJAMOS DE DISCUTIR SOBRE LA CEBOLLA Y EMPEZAMOS A CONTAR LAS PATATAS?
La vivienda necesita suelo, inversión, planificación, licencias, infraestructuras y seguridad jurídica. También necesita mecanismos eficaces para proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Ninguno de esos elementos puede sustituirse por un eslogan, una pancarta, una fotografía institucional o una comparecencia cargada de reproches. La protesta puede hacer visible un problema. La acción de gobierno debe ofrecer respuestas verificables.
Y mientras la Puerta del Sol continúa convertida en escenario del enfrentamiento, cabe preguntarse cuántas viviendas podrían haberse impulsado con una coordinación administrativa que funcionase durante todo el año y no solamente cuando las cámaras enfocan hacia la plaza. España puede seguir discutiendo eternamente sobre la tortilla. Con cebolla o sin cebolla. Muy hecha o poco cuajada. Con las patatas cortadas en láminas o en pequeños dados. Pero lo que no debería convertirse en una cuestión de gustos es que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y que las administraciones respondan por sus decisiones.
Porque, mientras los políticos se tiran la tortilla a la cabeza, hay demasiados españoles que siguen sin tener una cocina donde prepararla.
UN BESO A CEUTA Y LOS CABALLA… ¡ADELANTE!
pedro de aparicio y pérez de Lucentis…