La agenda política y social en España se concentra en este momento alrededor de la crisis de la vivienda, sobre todo, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez convocara elecciones para el próximo 29 de noviembre y llevara a la Diputación Permanente los dos decretos-ley de vivienda rechazados por el Pleno del Congreso para su validación. Recibida con beneplácito por una parte de los políticos y la sociedad, la maniobra ha generado una reacción adversa en la otra parte, que se pregunta si es democrática.
Alquiler Seguro y AMADEI hablan de “fraude de ley” y “fraude constitucional” y han advertido que puede alterar las mayorías expresadas democráticamente en el Congreso. En el ámbito jurídico, no existe una posición unánime. Mientras el catedrático de derecho Antonio Rovira sostiene que la Constitución permite a la Diputación Permanente ejercer las funciones del Pleno en esta materia, otros expertos, como Ana Carmona, José Manuel Vera y David Ortega, cuestionan la operación por considerar que podría constituir un “fraude constitucional” y carecer de la misma legitimidad y representatividad democrática que el Pleno.
Ante esta situación, PRNoticias conversa con el abogado Aldo De Santis, consultor político y CEO de CICOMP, para analizar la legalidad, la legitimidad institucional y el posible cálculo electoral de esta estrategia del Gobierno, así como sus implicaciones para la democracia y la calidad del debate público.
¿Puede el Gobierno volver a aprobar los decretos y someterlos a un órgano más reducido sin que ello vulnere el principio de representación parlamentaria?
El Gobierno sí puede volver a someterlo ante la Diputación Permanente porque en realidad lo que está presentando es una nueva propuesta legislativa. Lo que sí tiene que hacer es justificar su propia urgencia y respetar todos los límites constitucionales.
¿Cómo considera esta maniobra?
Esto tiene un componente político y hay una clara objeción de ética democrática al respecto porque lo que se está cambiando es el órgano de votación para neutralizar el control previo del Pleno del Congreso y por eso la convocatoria electoral. Es una maniobra manipuladora del sistema, pero eso no significa que se constituya un fraude constitucional. Tenemos que dejar muy claro que la Constitución le da esa capacidad a la Diputación Permanente, que es un órgano de la Diputación.
¿Considera que ensombrece la práctica democrática?
Evidentemente, pero no esperamos nada distinto. Estas elecciones se convocan bajo esa premisa, de manipular lo que existe, con una grave crisis con el tema de la vivienda en España y la única oportunidad que tiene Sánchez de ganar es porque esta crisis le abrió una ventana. Lo cierto es que la manipulación es clara y es evidente, pero eso no significa que haya fraude constitucional, ni tampoco significa que se vulneren principios de representación. La Diputación Permanente también puede rechazarlo, no demos todo como que Decreto uno y Decreto dos ya están aprobados.
¿Existe el riesgo de que haya una conveniencia partidista?
Sí, y un uso descarado de una herramienta electoral con fines electorales. Una práctica muy común en los gobiernos a los que les interesa más mantenerse en el poder a costa de cualquier precio en lugar de defender la integridad democrática.
¿Qué argumento jurídico sostiene que la urgencia sigue existiendo y no que se están utilizando estos decretos para sortear una derrota política en el Pleno?
Esto es un mecanismo para sortear una derrota política en el Pleno del Congreso, pero la urgencia puede seguir existiendo. No nos olvidemos de que hay una urgencia que está admitida ya por el Tribunal Constitucional en el año 2020, una urgencia habitacional concreta, y evidentemente uno de los principales problemas de todos los españoles es el tema de la vivienda. Lo que tenemos que tener claro es que hay un componente de identificar cuáles son los daños que produciría esperar a un nuevo Parlamento teniendo en cuenta que las elecciones venideras son apenas el 29 de noviembre. Eso es una obligación del gobierno si quiere aprobar esto, pero lo cierto es que en matemática política una cosa es los límites de la norma y otra los límites y acuerdos a los que lleguen los partidos. Y muchas veces esos límites no van necesariamente de la mano.
¿Hasta qué punto es legítimo, en términos democráticos, convertir una decisión normativa —y una derrota parlamentaria— en el eje de una campaña electoral?
Lo cierto es que no es necesario que sean legítimos, porque la democracia se sostiene sobre otros valores más relevantes que la aritmética y conveniencia electoral. Lo que es siempre legítimo es pedir un nuevo mandato porque se está sometiendo a la decisión del ciudadano si se apoya o no una propuesta política. Eso es perfectamente válido. Y la disolución está dentro de los límites legales, y la convocatoria también. Entonces, ni una derrota legislativa obliga a dimitir y de la misma forma, tampoco una derrota legislativa debería ser una excusa como para decir que hay un fraude a la vida democrática porque se está utilizando como un ventajismo político.
¿A qué te refieres con ventajismo político?
El ventajismo político existe y el gobierno de Sánchez lo ha usado descaradamente. Esto no es ni cerca de las peores prácticas democráticas que ha tenido el gobierno del Partido Socialista, así que ni sorprende ni asombra. Más bien, en mi opinión, es el uso de la única pequeña ventanilla de oportunidad que tiene para intentar obtener los mejores resultados posibles en un país que grita un cambio político en España. En este caso Sánchez lo que está intentando es transformar una derrota de negociación dentro de la Cámara contra pesos partidistas y lo está transformando en una dinámica de prioridades sociales, una prioridad social que realmente existe. Desde el punto de vista de construcción de oportunidad electoral es increíblemente hábil, y es la única oportunidad en la que verdaderamente puede presentarse.
¿Y es ético?
Esa es una controversia que no nos va a conducir a nada porque la convocatoria electoral está hecha. Los partidos políticos ya están en marcha. El ciudadano quiere votar y la necesidad de cambio político parece inminente. No hay nada garantizado, pero dependerá mucho del encuadre que haga la oposición, que realmente es crítico.
¿Qué cálculo político está haciendo Sánchez?
Lo que quiere hacer es recuperar la iniciativa a través de la Diputación permanente donde ya no tiene una dependencia coyuntural de Junts, que para él esto es clave, porque hay una medida social identificable sobre la que va a generarse toda la campaña, que es el tema de la confrontación entre propietarios e inquilinos.
Propietarios e inquilinos, ¿están veraderamente confrontados?
Es una falsa dicotomía. Lo cierto es que esa confrontación es generada e inventada por ocho años de incapacidad de genera inmuebles con suelo propio, con vivienda propia, para darle la oportunidad a los españoles de que sean propietarios de su propia vivienda.
Dices que la oposición hace un “encuadre” crítico. ¿Por qué?
A mí lo que me sorprende es el encuadre que la oposición no hace, es decir, la única y absoluta responsabilidad de esto, después de ocho largos años de gobierno, es que el Partido Socialista no se ha ocupado de cubrir el vació de un millón de viviendas que necesitan los españoles para ser propietarios al menos de su propia vivienda.
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