Los cambios demográficos y la actual situación económica están provocando en los trabajadores una serie de incertidumbres no sólo sobre el presente, sino también sobre su futuro. ¿Qué pasará con las pensiones? En la jornada ‘Crisis y envejeciento; retos de la previsión social española’, organizada ayer Seguros RGA, la mayoría de los ponentes coincidieron en la necesidad de retrasar la edad de jubilación como solución para las cuentas de la Seguridad Social (que ya se está haciendo en Alemania), así como la necesidad de complementar las prestaciones públicas con fondos de pensiones de carácter privado.
Durante su intervención bajo el título ‘Balance de la Previsión social en España: 19872007’, Camilo Pieschacón hizo un sucinto repaso de los factores críticos del sistema de previsión social (la caída de la nupcialidad, la fertilidad, la natalidad, la mortalidad, así como el aumento de la morbilidad, la dependencia y las expectativas de la jubilación), al mismo tiempo que señaló: ‘No creo que en el futuro podamos ver un sistema de Seguridad Social de todos los países de la Unión Europea’.
A estas declaraciones, Pieschacón hizo referencia a las expectativas que la población tiene sobre los ingresos tras la jubilación: El 90 ciento declara que disminuirán, mientras que tan sólo el 2 ciento confía en que aumenten. No obstante, cabe destacar que en sistemas complementarios, los españoles disminuyen sus ahorros desde el año 2000 a 2007. ‘En España no hay una verdadera política de pensiones; el ciudadano no ahorra lo suficiente para complementar la pensión’, afirmó.
Además, Pieschacón recalcó el desarrollo asétrico entre el sistema público y privado, al mismo tiempo que hizo una serie de sugerencias, tales como el diseño y una política integral de pensiones, la creación de una autoridad de pensiones y una comisión independiente de expertos, la elaboración de índices de longevidad y protección de la inflación, fomento de mercados respectivos, la atación definida nocional y la compatibilización del trabajo con las pensiones.
Por su parte, José Antonio Herce, director de Economía de Analistas Financieros Internacionales, hizo una intervención denominada ‘Los retos socioeconómicos del envejeciento en España’, en la que recalcó que el envejeciento no es un problema agregado, sino de coherencia a lo largo del ciclo vital. No obstante, advirtió del problema: ‘Vivos más, cada vez entramos más tarde a trabajar y salos antes de la actividad’; dada la naturaleza del problema, añadió: ‘Los niños, los inmigrantes y la productividad no son soluciones’. Por ello, señaló que no es coherente salir antes de la actividad, lo que hay que facilitar la permanencia en ella y apuntó la ‘necesidad de una revolución social’.
A juicio de Elisa Chuliá, decana de la Facultad de Políticas y Sociología de la UNED, el Pacto de Toledo, documento que asienta las bases del actual sistema de prestaciones, ha llevado a la ‘parlamentarización del debate público de las pensiones en un país en el que el Parlamento cuenta poco’. En su opinión, sería mejor dar incentivos y desincentivos para la estulación del trabajo a partir de los 65 antes que establecer una edad legal de jubilación.
Ricardo Lozano, titular de la DGSFP, señaló: ‘El sistema de planes de pensiones tiene más de 20 años y hay que darle una vuelta para reducir las cargas’. Además, anunció que aligerará la burocracia a los fondos de pensiones, al mismo tiempo que se está negociando con el Ministerio de Justicia elinar la inscripción en el Boletín oficial del registro mercantil (Borme).
Ayer mismo la OCDE instó a una reforma del sistema de pensiones, público y privado, para poder garantizar su viabilidad. Esto se recoge en el informe ‘Panorama de las pensiones 2009‘, que fue presentado en París. Según Europa Press, los autores del estudio consideran que la crisis ha provocado una pérdida del 23 ciento en el valor de los fondos de pensiones en 2008.
En este sentido, la OCDE sostiene que la prioridad es un ‘examen minucioso’ de los regímenes públicos para ‘proteger de manera eficaz contra la pobreza’. En lo que respecta a los sistemas privados, las reformas que se reivindican giran en torno a la reglamentación y una información más transparente, así como una gestión más eficaz y sobre el traspaso hacia inversiones menos arriesgadas cuando nos aproxamos a la edad de jubilación.
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