La Constitución española proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discrinación alguna razón de naciento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Al artículo 14 de nuestra Carta Magna habría que añadirle “y con independencia de su afiliación sindical”. Porque si se es funcionario o pensionista, la contribución al recorte del gasto público es mayor que si se pertenece a uno de los sindicatos de clase. Y es que nuestros sindicatos, más que clase lo que tienen es auténtico pedigrí. Los funcionarios van a ver cómo el Gobierno les recorta su salario en una media del 5 ciento, y los jubilados van a sufrir la congelación de sus pensiones. Unos y otros son los principales paganos de la crisis, junto con el resto de trabajadores del sector privado que ya han padecido los ajustes en sus empresas, bien mediante la congelación de sus nóminas, con recortes de sueldo, o directamente perdiendo sus empleos. Por el contrario, los sindicatos, principalmente UGT y CCOO, los mismos que han convocado a los funcionarios a una huelga para protestar el recorte de salarios en la función pública, van a mantener intactas las subvenciones con las que el Gobierno les tiene apaciguados. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las subvenciones a las organizaciones sindicales, una ayuda de 15.798.500 euros destinada a “fomentar mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos de los trabajadores”. Es decir, que el Gobierno nada y guarda la ropa, o lo que es lo mismo, se lo quita a funcionarios y pensionistas, y se lo reparte a los sindicatos para seguir manteniendo su docilidad, no sea que se les ocurra montar una huelga general. Y en justa reciprocidad, que de bien nacido es ser agradecido, los sindicatos van a pulsar la movilización de jubilados y pensionistas contra el plan de ajuste, pero sin pasar de ahí, y supuesto, sin renunciar a las subvenciones, a las que hay que sumar lo que reciben para cursos de formación, en conjunto más de 220 millones de euros. CCOO ha defendido las subvenciones “que así lo prevé la Constitución”. Muy cierto. Pero también prevé la Constitución “el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. ¿Habrá que volver a añadir “y con independencia de su afiliación sindical”?
Alberto Castillo
Director de Gente en Madrid
