El sistema público de salud es insostenible y es preciso adoptar medidas que, aún siendo populares como la del copago, aligeren su coste. Es el diagnóstico que ha realizado la entidad FEDEA, que se dedica a investigar las tendencias de la economía, y la consultora McKinsey. Según sus cálculos, el déficit que acumula la sanidad pública es a día de hoy de 11.000 millones de euros y no hará sino aumentar en los próxos años.
Tanto FEDEA como McKinsey han trazado un cuadro bastante negativo de la evolución del coste del sistema público sanitario. El déficit que arrastra a día de hoy es de 11.000 millones de euros, equivalente al 20% de su presupuesto para 2007, y podría crecer hasta la mareante cifra de 50.000 millones de euros a diez años vista.
Ello es así que, entre otras cosas, la evolución demográfica española juega en contra de la sostenibilidad del sistema, no en vano en una década uno de cada cinco ciudadanos tendrá más de 65 años. Este factor hará que diez millones de personas tengan un coste sanitario entre cuatro y 12 veces superior al del resto de la población.
Asismo, seis de cada diez pacientes padecerán una enfermedad crónica, con lo que ello supone para el coste del sistema, ya que se cifra en un 70% la incidencia que estos enfermos tienen en él.
El negro diagnóstico que estas entidades han hecho tiene otros puntos de interés, no decir de preocupación. En concreto, creen que en el plazo de diez años se dispararán las listas de espera y será necesario que cada español trabaje al menos 30 días al año para sostener la sanidad pública. Las comunidades autónomas deberán destinar la mitad de su presupuesto a esta partida.
Ante esta situación, FEDEA y McKinsey urgen a pacientes, profesionales y gestores a que se corresponsabilicen y usen este servicio de forma más racional. Al respecto, ponen el acento en el hecho de que los españoles vamos a la consulta del médico en un 40% más que lo que lo hacen los ciudadanos del resto de países de la Unión Europea término medio. Además, denuncian que entre un 30 y un 80% de las visitas de urgencias son innecesarias y que el gasto farmacéutico per cápita es también superior en un 40% en España que el de Estados de la UE como Bélgica, Dinamarca o Reino Unido.
Dichas entidades proponen cuatro medidas para revertir el actual estado de cosas, aunque, con modestia, afirman que sólo servirán para avanzar en la buena dirección, no para solucionar todos los problemas. Por ende, puntualizan que darían resultado a largo plazo, aunque eso es mejor, dicen, que dejar que se agrave el diagnóstico.
El catálogo de propuestas incluye algunas que, a buen seguro, no agradarían a muchos, en particular aquéllas que irían destinadas a reducir la demanda del sistema. Estos expertos económicos abogan que se instaure una tasa fija y baja visita, que sería cuatro o cinco veces superior en el caso de las urgencias. En otros países europeos se ha puesto en marcha dicha medida, originando un descenso de entre el 5 y el 10% en las visitas a los facultativos.
También rompen una lanza que se revise el mecanismo de pago farmacéutico, teniendo en cuenta factores de renta y no únicamente de edad. En particular, quieren que se introduzcan exenciones de pago o reducciones significativas para los que tengan un límite de renta de dos salarios mínos o para los que estén parados, pero en el otro lado de la balanza también propugnan que los pensionistas paguen parte de lo que cuestan los fármacos que consumen. En este sentido, piden que los jubilados contribuyan al pago farmacéutico en igual medida que los enfermos crónicos, para los que se estipula que abonen entre el 10 y el 30% del precio del medicamento, atando más los que tengan más renta y menos quienes tengan ingresos más modestos.
Junto a estas propuestas, también se propugna que los gestores apliquen políticas que favorezcan la innovación en medicina, ofreciéndose prestaciones que aseguren beneficios reales en la salud y la calidad de vida de los pacientes. Para ello, sería necesario garantizar una financiación adecuada y dejan muy claro que estas mejoras en los tratamientos deberían beneficiar a todos los usuarios.
La tercera medida se refiere a la mayor transparencia que debería haber en el funcionamiento de los centros sanitarios, para lo cual se recomienda elaborar un ranking de éstos a nivel nacional. Creen que, merced a esta comparativa, se facilitará el que cada centro se especialice en las áreas que gestiona mejor.
Por últo, la cuarta medida alude a la necesidad de que se fomente la autonomía de gestión de los profesionales y se refuercen los incentivos que se conceden a los facultativos. En este apartado, también sobresale la propuesta de que los centros que tengan superávit consigan partidas adicionales de financiación que repercutirían en una mejora del servicio, en una mayor inversión en investigación o en un aumento de las remuneraciones de los galenos. Por el contrario, los centros que arrastren un déficit se verían sometidos a una gestión más estricta de sus recursos, pudiendo incluir el cese de sus responsables si se superan ciertos límites permitidos.
Los teóricos que han elaborado este conjunto de medidas reconocen que se enfrentan a barreras que dificultan los cambios, entre ellas el hecho de que los pacientes ignoren cuáles han de ser sus obligaciones, preocupándose únicamente, dicen, la reivindicación de sus derechos. Con todo, el actual cla de opinión favorable a la necesidad de que se alcance un pacto la sanidad ‘genera el ambiente propicio’, aseguran, a que se introduzcan dichos cambios, una labor en la que es fundamental la plicación de todos, pero en especial de los profesionales.
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