La últa detención del informador gráfico Edu León parte de la Policía Nacional en el transcurso de un desahucio en Leganés ha vuelto a poner de actualidad el debate sobre la indefensión de los profesionales de la información en el ejercicio de su labor en la vía pública.
El derecho a la libertad de prensa y de información está recogido en el artículo 20 de la constitución que establece el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Estas libertades tienen su límite en el derecho al honor, a la intidad, a la propia agen y a la protección de la juventud y de la infancia. Estos son los únicos límites que deben establecerse a la hora de ejercer el derecho a la información en la vía pública, según nuestra propia legislación.
Elsa González presidenta de la FAPE ha señalado a prnoticias que desde la federación se ha pedido al ministerio de Interior que permita y facilite el trabajo y la labor de los medios de comunicación como demuestra el convenio que firmaron la FAPE y el Ministerio del Interior en la que se establece un distintivo voluntario para los informadores tengan un chaleco y una identificación personal que se podrá usar en acciones en las que actúen las fuerzas de seguridad del Estado.
Lo cierto es que según la Asociación Nacional de Informadores Gráficos (ANIGP) cada día son más las dificultades que tienen los periodistas debido a la acción de la Policía. En una carta abierta al Ayuntamiento de Madrid denuncian ‘los juicios de faltas, detenciones ilegales, acusaciones falsas, y cacheos de periodistas, más propias de tiempos pasados’ además solicitan ‘la intervención su parte para que de una manera rápida y eficiente consigamos que estas actuaciones no se vuelvan a repetir de forma tan arbitraria, parte de los Cuerpos de Seguridad’.
En declaraciones a prnoticias recuerdan que la situación vivida recientemente Edu León no aislada. Jesús G. Feria, de La Razón, fue detenido el 21 de Junio la policía mientras ejercía su trabajo en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu. Esto, además de las restricciones sufridas otros profesionales como los casos de Walter Estrada, Oscar del Pozo y Josep Lluís Sellart en Cataluña. En la carta al ayuntamiento, desde la ANGIP exigen que la Policia vaya identificada como está obligada, situación que no se produce y que desde asociación aseguran que ‘podemos adjuntar pruebas graficas que así lo demuestran desde manifestaciones, actos culturales y oficiales o plenos del Ayuntamiento’.
Respecto de estas situaciones, el departamento de Prensa de la Policia Nacional ha señalado a prnoticias que ‘no hay ningún protocolo de actuación más allá de las leyes que rigen el marco al respecto’ A pesar de que la ley recoge específicamente que se puede fotografiar a cualquier persona en un sitio público nos aseguran que es ‘el policía el que decide en qué circunstancias se pide tomar ágenes si el agente considera que se vulnera el derecho a la intidad’ Declaraciones que según Elsa González suponen una vulneración del derecho a la información, específicamente podría conculcar el Articulo 3 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e prenta dedicado a la censura que establece ‘La Administración no podrá dictar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes’.
Desde Prensa de la Policía argumentan que esta actuación se debe a que ‘el derecho a la propia agen es personal’ y ello un policía puede negarse a ser fotografiado y a que se tomen fotografías de acciones policiales. Aseguran además que la inmensa mayoría de las veces la Policía actúa adecuadamente y ‘cumple la obligación de preservar el derecho a informar del periodista’.
Desde ANIGP recuerdan que existe el derecho a fotografiar a una persona en la vía pública y que es la forma a posteriori con la que esa fotografía se use la que puede conculcar los derechos fundamentales de la persona fotografiada y es donde el Código Deontológico del periodista debe marcar los procesos adecuados a seguir. En caso contrario debe ser un juez y nunca la Policía la que decida si esos derechos han sido violados.
Desde ANIGP denuncian que los problemas para ejercer su trabajo con libertad ha sufrido un deterioro grave desde que empezaron a cubrirse las redadas aleatorias contra los inmigrantes ordenadas Alfredo Pérez Rubalcaba desde su cargo de Ministro del Interior. Indican que antes de esa circunstancia el desarrollo profesional parte de los periodistas y fotógrafos no había sufrido los problemas que hoy existen.
Según las asociaciones profesionales de prensa la labor periodística está siendo obstaculizada las fuerzas de seguridad del Estado con mayor asiduidad que antes de la existencia de las redadas denominadas ‘racistas’. El derecho a la información y la libertad de prensa es uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta el estado de derecho, y es responsabilidad de la prensa y las fuerzas de seguridad del Estado defender estos derechos y convivir ejerciendo ambos sus obligaciones y sus deberes en plena colaboración.
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