El Gobierno de Mariano Rajoy fue claro con Carles Puigdemont: solo admitiría como válida una respuesta de ‘sí’ o ‘no’ a la pregunta de si se había declarado la independencia el pasado 10 de octubre en el Parlament. Cualquier otra respuesta, o rodeo, sería considerada no válida, lo que permitiría al Ejecutivo central aplicar el ya famoso artículo 155 de la Constitución. Y sin embargo, Puigdemont, ha vuelto a ser ambiguo en la contestación que hoy mismo, y apurando hasta el último momento, ha dado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Puigdemont ha evitado decir que no se produjo una DUI, y ha vuelto a utilizar giros lingüísticos para ni afirmar ni desmentir tal cosa. Solo una oración de todo el texto podría ser susceptible de ser entendida como una marcha atrás en el proceso independentista, y pasaremos a detallarla más adelante. Sin embargo, en su comunicación, Puigdemont ha optado una vez más por apelar a ‘formas europeas’ en la resolución del conflicto: “Mi carta quiere contribuir a alcanzar ese tipo de respuestas, que son las que nos pide la mayoría de la sociedad y las que se esperan en Europa, que no entiende otra forma de resolver los conflictos que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo”.
Como viene siendo habitual, la comunicación de la Generalitat se esfuerza por identificar las aspiraciones independentistas con las formas genuinamente europeas: diálogo frente al uso de la violencia. De esta forma, Puigdemont se ofrece, una vez más, para llevar a cabo una negociación dialogada, como así lo hiciera en su discurso en el Parlament. Sin embargo, Carles Puigdemont se resiste a responder con claridad a la única pregunta que le hizo el Gobierno: ¿Se declaró la DUI el 10 de octubre?
En lo que sí se detiene el president es en “la violenta actuación policial denunciada por los más pretigiosos organismos internacionales” el pasado domingo 1 de octubre. Resulta llamativo que, así como Puigdemont no es firme a la hora de negar que se llevara a cabo una DUI, tampoco lo es a la hora de afirmar que sí se declaró la independencia. En su carta a Rajoy, Puigdemont, señala que “más de dos millones de catalanes encomendaron al Parlament el mandato democrático de declarar la independencia”, pero esta afirmación se hace siempre mirando a futuro, sin decir, en ningún caso, que ese mandato se haya cumplido. Esta idea queda reforzada cuando hace alusión a que el “80% de los ciudadanos quiere un referéndum acordado”. Esta indefinición ha causado el enfado de los sectores independentistas más radicales.
El pactisme que destil·la aquesta carta és altament preocupant. L’única opció legítima és la declaració d’#independència. @KRLS pic.twitter.com/qwii0nP4vB
— Arran #Independència (@Arran_jovent) 16 de octubre de 2017
Si existe una clave a la que el Gobierno pueda agarrarse para no aplicar ese 155 es la parte en la que se dice que “la suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento”. Además, el Govern hace dos peticiones a Rajoy. La primera de ellas tiene que ver con “revertir la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña”, una petición recurrente desde la Generalitat. La segunda va orientada a la concreción de una reunión para “explorar los primeros acuerdos”. Veremos si esta carta es suficiente como para que el Gobierno central no activo la suspensión de la autonomía de Cataluña o si por el contrario se decide a aplicar el 155.
Puedes consultar la carta completa aquí.
La reacción del Gobierno
Con casi una hora de retraso, el Gobierno ha comparecido ante los medios con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como representante. La vicepresidenta ha dejado claro que el Ejecutivo no da por válida la respuesta de Puigdemont. De esta forma, emplaza al president a responder ‘si’ o ‘no’ al requerimiento el próximo jueves 19, cuando finaliza el plazo dado por el Gobierno a la Generalitat. En esta ‘segunda oportunidad’ que tiene el president, Sáenz de Santamaría insta a Puigdemont a abandonar las posturas que solo contentan a sus socios más radicales, según la vicepresidenta.
Sin embargo y como se ha apuntado más arriba, los independentistas más radicales rechazan la estrategia de Puigdemont y le exigen la DUI. Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno estará siempre dispuesto al diálogo, pero “dentro de la legalidad”. En el caso de que el próximo jueves a las 10 de la mañana la respuesta a si se declaró la independencia sea distinta de ‘no’, el Gobierno “usará la Constitución” para solucionar el problema, lo que significa aplicar el artículo 155 y anular el autogobierno de Cataluña.
— Partido Popular (@PPopular) 16 de octubre de 2017
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