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La CIDH pide a Venezuela medidas de protección para directivos de medios

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Venezuela adoptar medidas cautelares a favor de varios directivos de medios de comunicación que en la actualidad enfrentan hostigamientos y demandas judiciales por parte de altos funcionarios. La solicitud se refiere de forma específica a los casos de Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional; Teodoro Petkoff, director del semanario Tal Cual; y Alberto Federico Ravell e Isabel Cristina Ravell, del sitio web La Patilla.

En el pasado mes de abril, los directivos fueron demandados con el cargo de difamación agravada por Diosdado Cabello, presidente del Parlamento y número dos del chavismo, por replicar informes del diario ABC que lo señalaban como presunto líder de una red de tráfico de drogas operada por militares venezolanos llamada el ‘Cartel de Los Soles’, motivo por el que estaba siendo investigado por las fiscalías federales estadounidenses. Tres semanas después, una jueza de Caracas impuso la prohibición de salir del país a los directores de estos medios, junto con otros 19.

De acuerdo con el comunicado de la CIDH, los beneficiarios de las medidas cautelares habrían sido ‘víctimas de ataques, agresiones, amenazas y persecución por parte del Estado venezolano por ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de un medio de comunicación social de manera independiente y crítica’. Por lo que pide al gobierno que deje sin efecto cualquier medida restrictiva de la libertad y suspenda cualquier medida de prohibición de salida del país y régimen de presentación judicial.

‘Tomando en cuenta la denunciada reducción del pluralismo informativo y la disminución de los medios de comunicación independientes en Venezuela’, la Comisión pidió a las autoridades de ese país tomar medidas para ‘garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión’ y emprender una ‘atención urgente y acciones específicas para que cesen los actos de estigmatización y hostigamiento’ hacia los cuatro directivos.

Como ya hemos informado en prnoticias, diversos propietarios de medios privados y periodistas venezolanos han denunciado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro hostiga a los profesionales de la prensa al limitar la asignación de divisas para importar papel, al iniciar procedimientos penales y administrativos contra empresas mediáticas y al censurar públicamente el desempeño de comunicadores. Por ello, el órgano de derechos humanos de la OEA ha emprendido una clara oposición a la situación por considerar que en Venezuela existe un ‘discurso estigmatizante por parte de funcionarios públicos’, de forma especial por Cabello, que representa un riesgo para el ejercicio profesional de periodistas y comunicadores.

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