Por fin tenemos la nueva Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. Tras cerca de un año de debates y deliberaciones, el Pleno del Congreso ha aprobado hoy el texto. La ley pedirá que las Administraciones públicas promuevan campañas contrarias a otros organismos o que contengan mensajes discrinatorios y establecerá un mayor control en el uso de los fondos públicos y en el proceso de contratación. Se regulan así los 120 millones de euros que las distintas administraciones invierten anualmente en planes de Comunicación y Publicidad.
Como adelantó PRNoticias el mes de julio pasado, la futura ley pretende ‘desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas’. Así mismo, la Publicidad y Comunicación institucional debe estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumpliento de sus deberes.
En cuanto a su trámite particular, tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, PP y PNV enmendaron el texto en el Senado para que no fuera de aplicación para las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, pero el PSOE y el resto de grupos volvieron a poner este criterio tras la votación celebrada este jueves en el Congreso.
Entre sus objetivos prioritarios se encuentran garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación. Esto se concreta en cuatro puntos:
- Erradicación de aquellas campañas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno (punto conflictivo, puesto que los socialistas acusaron al anterior ejecutivo en su momento de utilizar las campañas institucionales con fines partidistas).
- Profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el máxo aprovechamiento de los recursos públicos.
- Se fortalece la transparencia de las campañas.
- Velar la lealtad institucional.
Otro punto que se resalta en el Proyecto de Ley es la plantación de un sistema de control, que permita a los ciudadanos solicitar la cesación o rectificación de la actividad contraria a las prohibiciones dispuestos la ley. Este sistema será competencia de una Comisión de Publicidad y Comunicación institucional, adscrita al Ministerio de la Presidencia, que incluirá representantes de todos los departamentos ministeriales cono rango, al menos, de subdirector general.
La aparición de un plan anual de publicidad y comunicación institucional, en el que se especificarán el objetivo, coste, periodo de ejecución, herramientas utilizadas, sentido de los mensajes, destinatarios y organismos afectados la campaña. Este plan anual deberá ser aprobado el Consejo de Ministros. La elaboración de un informe anual en el que incluirán todas las campañas contratadas la Administración General del Estado y la relación de los adjudicatarios de los contratos celebrados.
Por últo, es interesante ver como la Ley aborda temas como la igualdad cultural, social y de género, así como el ecologismo o la accesibilidad para personas discapacitadas, o una enmienda promovida los nacionalistas para que los anuncios de la Administración en sote audiovisual y escrito se elaboren también en catalán, gallego y euskera en aquellas Comunidades Autónomas donde estas lenguas sean oficiales.
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