SAN JOSÉ (05/05/06) Los periodistas costarricenses deberán seguir temiendo la amenaza de las penas de cárcel a la hora de redactar sus informaciones debido al fracaso del recurso que buscaba la elinación de las condenas a prisión para los delitos de injurias y calumnias.
La Sala Constitucional rechazó la iniciativa que presentó en febrero de 2004 Carlos Manuel Serrano, asesor legal del diario local Extra. Ese año, tres periodistas de ese periódico debieron enfrentar condenas de entre 10 y 50 días de prisión o su equivalente en multas delitos contra el honor.
Y es que la normativa que rige la labor periodística ha quedado arcaica, pues la mencionada ley de Imprenta data de 1902. Con el recurso de inconstitucionalidad se intentó modificar las penas recogidas en el artículo 7, pero finalmente fue rechazado el máxo órgano judicial del país.
El artículo en cuestión establece castigos de 10 hasta 75 días injurias, es decir, ofensas de palabra o de hecho a la dignidad de una persona difundidas tanto otra persona como un medio de comunicación; y de 50 hasta 150 días calumnias, o lo que es lo mismo, atribuir falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo. La difamación, o deshonra a otro al propagar algo que afecte su reputación, recibe penas de 20 a 60 días.
El Congreso de Costa Rica lleva casi seis años tramitando un proyecto para una nueva ley de prensa en la que, además de elinar la pena de cárcel para esos delitos, permite recurrir al secreto profesional en un juicio, derecho que, paradójicamente, sí ejercen en el país médicos, sacerdotes y abogados.