La sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo ratificó hoy su sentencia en la que desesta el recurso de casación en interés de ley que Radio y Televisión Valenciana RTVV interpuso contra la sentencia de 28 de julio de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anulaba, a instancia de la UGT, los concursos de privatitzación de Canal 9. En su sentencia, el Tribunal Supremo condena a RTVV a pagar las costas procesales. El Ente valenciano se encuentra, como ya publicase este tal, en una situación económicamente delicada.
La sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo ratificó hoy su sentencia en la que desesta el recurso de casación en interés de ley que Radio y Televisión Valenciana RTVV interpuso contra la sentencia de 28 de julio de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anulaba, a instancia de la UGT, los concursos de privatitzación de Canal 9. En su sentencia, el Tribunal Supremo condena a RTVV a pagar las costas procesales. El Ente valenciano se encuentra, como ya publicase este tal, en una situación económicamente delicada.
La sentencia fue calificada los sindicatos como ‘muy tante para el futuro de Canal 9 y Punt 2 como a televisiones públicas, ya que, con la legislación vigente y el pronunciamiento del Tribunal Supremo, es posible privatizar’.
Con el dictamen de esta sentencia, finaliza un conflicto que comenzó hace más de tres años cuando, en marzo de 2003, el consejo de Administración de RTVV acordó sacar a concurso público la gestión de la publicitad, la producción de 1.884 horas de programas y la edición e informativos.
La Federación de Servicios del sindicato UGT abrió entonces una batalla judicial contra los planes privatizadores y el manteniento de la gestión pública de Canal 9. Hoy se puede decir que el sindicato ha ganado en todas las instancias judiciales: tanto el juzgado de instancia, como el Superior de Justicia y ahora el Supremo han coincidido en dar la razón a la UGT y en sentenciar que los planes privatizadores del Gobierno valenciano y del consejo de Administración de RTVV ‘no estaban ajustados a derecho’.
Ahora, para la sección sindical de la UGTRTVV, ‘lo que hace falta es que el consejo de Administración de RTVV y la Dirección General del Ente hagan público el coste económico de su fracasado intento privatizador, que lo que se han jugado y gastado ha sido dinero público de todos los valencianos, y nos deben una explicación’.
La últa auditoría realizada en la coración reitera la situación de quiebra técnica y la dependencia de la Generalitat de la Radiotelevisión Valenciana, que cerró el ejercicio 2005 con un déficit de163 millones de euros, según consta en la liquidación presupuestaria. Esas pérdidas contables se enjugaron con los 37 millones de euros de atación de la Generalitat y el aval de ésta para suscribir un préstamo a largo plazo de 132 millones de euros. Sin embargo, y según consta en el informe de la auditoría, al cierre del ejercicio sólo se habían abonado tres millones de la subvención pública. El recorte gradual de las transferencias públicas que ata la Generalitat a RTVV y la paralización de la mitad del aval de 132 millones de euros destinados a financiar el Ente son, en parte, los ‘culapbles’ de esta situación. Hoy, sólo se han abonado 69 millones en 2006.
Miguel Monzón, miembro del consejo de Administración, insistió hace un par de semanas en la situación de ‘quiebra técnica’ que vive el ente y que, de nuevo, se constata en el informe de esta auditoría. Para el consejero socialista, ésta refleja ‘cifras escandalosas’, como en el apartado de gastos financieros que ascienden a 16,5 millones de euros. Monzón calificó entonces la situación de ‘insostenible’.