La farmacia española se ha volcado contra el proyecto de Ley de Sociedades Profesionales que ahora está en fase de tramitación rápida en el Congreso y que el próxo 7 de noviembre se verá las caras en la comisión.
Este texto, aunque no va dirigido de manera expresa a los farmacéuticos, quebrantaría el Modelo Mediterráneo y español de farmacia en una evidente incoherencia después de que el Gobierno defendiera dicho modelo en Bruselas. La ley actual regula los criterios de apertura en función de la población y la distancia, y considera al farmacéutico como un profesional independiente, sujeto a unas exigencias éticas y morales en beneficio de los pacientes y del interés general.
Este modelo permite, según Isabel Vallejo, presidenta de la Federación Española de Farmacéuticos Españoles (FEFE), “que el gobierno goce de un margen más acomodado, comparado con los países del entorno, la distribución horizontal”. Esto quiere decir que para negociar todo lo referente a medicamentos, igual que Grecia y Portugal, las competencias no parten de una jerarquía vertical, lo que permite que la autoridad pública competente “tenga mano para negociar el precio y no dependa de países donde tanto medicamentos como farmacias son más caras”.
Además rompería el binomio propiedad / titularidad que defiende la actual legislación, en el apartado 4 del artículo 103, cuando dice que “sólo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas abiertas al público”. Con la nueva ley se da entrada a terceros no profesionales, lo que provocará una fuente de conflictos jurídicos.
Según Isabel Vallejo “con la nueva ley sería el capital quién determinara las normas de comtamiento, y no el farmacéutico; además cambiaría la naturaleza jurídica del titular y sería el juez quién decidiera y no el gobierno”.
Según ha comentado la presidenta del FEFE, “tanto el gobierno como los partidos políticos están siendo favorables a nuestro texto, lo que tenemos la esperanza de que esta ley no se apruebe definitivamente”.
