Los medios de Ecuador quieren llevar el manifiesto ante la AIR

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QUITO (17/07/07) Los medios de comunicación de Ecuador no ha acogido con agrado el nuevo decreto plantado el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el que se prohíbe la reproducción de videos o grabaciones magnetofónicas grabadas de forma clandestina. Ante esta medida, los medios de comunicación del país ecuatoriano han emitido un manifiesto a la ciudadanía que será llevado ante la Asociación Interamericana de Radio para denunciar el actual estado de la libertad de expresión e información en Ecuador.

QUITO (17/07/07) Los medios de comunicación de Ecuador no ha acogido con agrado el nuevo decreto plantado el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el que se prohíbe la reproducción de videos o grabaciones magnetofónicas grabadas de forma clandestina. Ante esta medida, los medios de comunicación del país ecuatoriano han emitido un manifiesto a la ciudadanía que será llevado ante la Asociación Interamericana de Radio para denunciar el actual estado de la libertad de expresión e información en Ecuador.

Los medios de comunicación de Ecuador han emitido un manifiesto en contra de la Ley de Radiodifusión y Televisión en el que se denuncia concretamente el nuevo decreto expedido el presidente Rafael Correa en el que se prohíbe reproducir videos o grabaciones magnetofónicas clandestinas o autorizadas a grabar parte del que o los aparecieren involucrados o intervengan en el video o grabación, de manera que se afecte el derecho a la intidad y al honor de las personas consagradas en la Constitución Política de la República. Sin embargo, se exceptúa aquellos videos grabados medios de comunicación y instituciones de sector público con sus propios equipos, para pedir la comisión de un delito o comprobar la existencia de uno ya existente.

Ante esta norma, los medios de comunicación del país señalan que el presidente no tiene facultades para crear infracciones ni poner sanciones. Además muestran que Los actos que violan la Constitución son actos inexistentes, lo que significa que ningún funcionario público, ni el orden judicial, ni el orden administrativo, pueden hacerlos cumplir. En lo referente al honor afirman que es verdad que nadie, que no sea el juez competente, puede ordenar la práctica de las grabaciones de agen o de sonido para ser usados como prueba. Y si alguien contraviene esta norma, contraviene también el derecho constitucional a la intidad. Pero este derecho nada tiene que ver con el derecho y la obligación de los medios de comunicación de dar a conocer hechos palmarios que involucran responsabilidad política de funcionarios, lo que las prohibiciones a los medios de comunicación, entonces, ‘no defienden la intidad de nadie’, que no son los medios los que atacan en una grabación clandestina.

Por otro lado, hace especial hincapié en que el derecho a la información está garantizado el artículo 81 de la Constitución política y es un derecho doble, es decir, el derecho de toda persona a acceder a fuentes de información, a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, otuna y sin censura, así como a divulgar esa información los medios de comunicación social.

Y es que según ha manifestado la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y la de Canales de Televisión (ACTV) los medios y periodistas del país desconocen las sanciones que pueden aplicarse en caso de no cumplir con la consiguiente norma. Por lo tanto, los gremios consideran que la decisión gubernamental carece de sustento jurídico, lo que señalan que difundirán las grabaciones clandestinas, pese a no conocer las sanciones.

Como ya anunciamos en PRLatam, esta Ley surge tras la emisión de ciertos videos grabados de forma clandestina y polémica en los que el ministro de Economía, Ricardo Patiño, se reunía con varios intermediarios financieros para presuntamente, según ha manifestado, demostrar supuestas irregularidades en las negociaciones de bonos de la deuda. En otra de las grabaciones aparece igualmente el ministro, pero esta vez en una reunión política con el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, entre otros. En general, una publicación de videos grabados de forma clandestina que ha podido poner al Gobierno en más de un situación comprometida, que según la prensa del país, ha sido el causante probablemente de la emisión de esta ley restrictiva.

Seguiremos Informando…

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