BOGOTÁ (17/09707) Valle del Cauca es el segundo departamento con mayores registros de violaciones a la libertad de prensa. Así lo esta la Fundación para la Libertad de Prensa dentro del informe ‘El periodismo en Buenaventura’. Entre 2003 y los preros seis meses de 2007, se han presentado 50 violaciones a la libertad de prensa.
BOGOTÁ (17/09707) Valle del Cauca es el segundo departamento con mayores registros de violaciones a la libertad de prensa. Así lo esta la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dentro del informe denominado ‘El periodismo en Buenaventura’. Según señala la fundación, en el periodo comprendido entre 2003 y los preros seis meses de 2007, se han presentado 50 violaciones a la libertad de prensa; treinta y cinco periodistas han sido amenazados, cinco de ellos han sido obligados al exilio y tres más fueron asesinados.
Tanto el puerto como la zona rural de Buenaventura, municipio de Valle del Cauca, son utilizados los grupos armados para controlar la entrada de insumos químicos para el narcotráfico. La zona rural se emplea para el cultivo y producción de drogas y el control estratégico para la salida al exterior.
Pero no son ni la guerrilla ni los paramilitares los encargados del manejo total del negocio del narcotráfico en el puerto de Buenaventura. Recientemente, fue capturado en ese municipio Olmes Durán Ibargüen, conocido como ‘El Doctor’, quien es sindicado de ser el responsable del envío de cerca de 50 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa., según señala la fundación.
La disputa de los actores armados el control del negocio del narcotráfico sumerge al puerto y a su población en un caos. En el últo año, esta situación ha cobrado más de un centenar de víctas en múltiples atentados en la cabecera municipal del puerto.
Por esa razón, en el últo año han sido ubicados cerca de 800 hombres de la Policía Nacional, con la misión redoblar la seguridad del puerto y reducir los índices de crinalidad que se presentan actualmente. Pese a los esfuerzos restablecer el orden público en este municipio, la misma Fuerza Pública y varios funcionarios de la administración municipal han sido blanco de varios atentados en el últo año.
Los periodistas acogidos el programa de protección del Ministerio del Interior se quejan de que las medidas preventivas de seguridad – como rondas policiales a las residencias de los periodistas y a los medios de comunicación –no se han vuelto a realizar. Estas medidas, ordenadas el Ministerio, fueron refrendadas con el compromiso de las autoridades locales.
Según señala la FLIP, finalmente, en medio de esta multiplicidad de crisis políticas, administrativas, policiales, humanitarias y económicas, se encuentra el periodismo que se debate entre el silencio y la desaparición. En medio de los fuegos cruzados de los actores del conflicto armado y el narcotráfico, en medio de la corrupción administrativa y de la problemática social, el periodismo lucha ser independiente y combatir la autocensura, cruzada que lo lleva a ser amenazado o a sucumbir a la mordaza puesta la violencia y la corrupción.
Entre 2003 y lo transcurrido de 2007, la FLIP ha registrado cerca de 19 violaciones a la libertad de prensa en este municipio del departamento del Valle del Cauca. La amenaza es sin lugar a duda uno de los mecanismos más utilizados la guerrilla, las autodefensas, los narcotraficantes y la corrupción para silenciar el periodismo del puerto. De estas 19 violaciones a la libertad de prensa, 16 corresponden a amenazas a periodistas. A dos de esos periodistas las amenazas los obligaron a salir de la región y posteriormente del país.
El informe destaca a algunos de las víctas. William Soto Cheng, periodista del canal local ‘Telemar’, fue asesinado en diciembre de 2003 luego de denunciar algunos casos de corrupción administrativa y la intervención de algunos funcionarios públicos de la época en delitos electorales. Este asesinato aún sigue en la punidad.
En diálogo con la FLIP, Adonai Cárdenas Castillo, corresponsal del diario ‘El País’ de Cali, y uno de los periodistas más afectados las amenazas en el puerto, ha señalado que la autocensura es ‘la única estrategia de seguridad de los periodistas’ en el puerto de Buenaventura.
Frente a este panorama, las autoridades desconocen el papel de la prensa en Buenaventura, incluso algunas de ellas se atreven a afirmar que en el puerto no existe el periodismo. Otros, contradiciendo esta afirmación, señalan que el periodismo goza de todas las garantías de seguridad y que el ambiente del puerto, en términos de orden público, se presta para que los periodistas, y en general la población, se sientan amenazados.