MÉXICO D.F. (01/12/07)'Evitar la concentración de los medios de comunicación mexicanos'. Es la petición de la ONU ha pedido a los encargados de reformar la Ley de Radio y Televisión, más conocida como ‘Ley Televisa', sobre la que planea la sospecha. México se encuentra en pleno proceso de modificación de una norma que ha provocado múltiples debates y cuyos incicios se remontan a 2006, durante el mandato de Vicente Fox.
Esto, gracias a que el Legislativo mexicano ha extendido recientemente el plazo para recibir propuestas, aunque sin concretar fecha. Actualmente un grupo de senadores se encarga de perfeccionar una serie de artículos que fueron declarados inconstitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El apodo de la ley lo dice todo. Conocida como ‘Ley Televisa', favorecía a los dos grandes canales mexicanos: TV Azteca y Televisa, a los que se les otorgaba ciertos privilegios a la hora de acceder al espectro digital de frecuencias.
En mayo de 2007, los senadores Pablo Gómez (PRD) y Santiago Creel Miranda (PAN), revelaron que algunas cadenas de televisión mexicanas ejercieron fuertes presiones para que saliera adelante la ley. Un ejemplo de la poca transparencia en su tramitación, es que la Cámara de Diputados aprobó dicha norma sin apenas realizar ninguna lectura y dedicándole únicamente siete minutos al debate. El Senado se encargó de confirmarla sin hacer ninguna modificación. El entonces Presidente decidió publicarla pese a las movilizaciones y protestas.
Un año antes de que Creel denunciara las presiones se iniciaron los procesos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucionales 6 artículos, 16 párrafos y buena parte de los textos. Entre ellos, se invalidó la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transtes para otorgar los permisos de radiodifusión a instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales y los artículos que permitían a los concesionarios ofrecer servicios adicionales, como telefonía fija o móvil e Intet, sin participar en la licitación pública o pagar al Estado, entre otros.
Desde entonces, Creel, que preside la Junta de Coordinación Política del Senado, ha denunciado una campaña de desprestigio en su contra. De hecho, los principales medios afectados esta modificación no han llevado demasiado bien la reforma y así lo han hecho saber a través de sus informaciones. El camino para pedir la concentración del espectro digital de frecuencias ha sido largo y no parece que se vaya a zanjar en poco tiempo. De momento, el Legislativo mexicano sigue trabajando en adecuar la norma a la Constitución mexicana.
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