Fenofar rechaza que el gobierno les imponga nuevas aportaciones extraordinarias

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La Federación Nacional de Oficinas de Farmacias (FENOFAR), formada las asociaciones empresariales farmacéuticas de Madrid, Cataluña y Cartagena), ha denunciado ilegal la pretensión del gobierno de poner ataciones extraordinarias a las oficinas de farmacia.

Este anuncio ha sido hecho el Ministerio de Administraciones Públicas, que pretende poner a las oficinas de farmacia ataciones extraordinarias sobre la dispensación de medicamentos a los funcionarios públicos (recetas de MUFACE, ISFAS y MUJEGU) y viene a sumarse a otra serie de medidas de carácter confiscatorio que, desde la Administración, se están llevando a cabo sobre las farmacias sin que, de momento, se haya determinado el carácter legal de la medida', apunta Pilar Navajas, secretaria general de la Federación.

Ésta es la principal conclusión a la que ha llegado la Federación Nacional de Oficinas de Farmacias, FENOFAR, después de haber analizado el contenido del borrador de Real Decreto que, desde el citado Ministerio, ‘se ha hecho llegar exclusivamente al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para que presente las alegaciones que considere otunas', admiten en FENOFAR.

Además desde la asociación consideran rechazable que, en las actuales circunstancias económicas, el Ministerio de Administraciones Públicas que, según dice, ha elaborado el citado borrador con la colaboración de los de Sanidad y Consumo y de Justicia, se pretenda poner nuevas cargas positivas a las farmacias que, desde hace años, vienen sotando ataciones silares sobre el te de las recetas dispensadas a los beneficiarios de la Seguridad Social, estando todavía pendiente de resolución judicial la legalidad de una medida que, desde el punto de vista de FENOFAR, comenta la representante de esta empresarial, resulta contrario a los principios en que deben basarse los puestos a los ciudadanos.

De ahí que, de aprobarse la norma anunciada, nuestra Federación  haya decidido llevar a cabo cuantas acciones legales estén a su alcance para evitar los efectos negativos sobre un sector que, el modo de actuar del Gobierno, se diría que se ha convertido en un instrumento más de su política recaudatoria', concluye Navajas.

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