- La intención del PP de proponer que las Comunidades Autónomas puedan decidir si privatizar o no las televisiones públicas ha generado que los sindicatos reaccionen defendiendo el servicio público de las mismas. Pero no sólo los populares han cuestionado el modelo de las autonómicas.
La Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, propuso privatizar la radiotelevisión pública de CastillaLa Mancha. Según la popular la autonómica se había convertido ‘en un instrumento de propaganda del Gobierno y de su presidente’. Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región propuso un plan de medidas anticrisis dentro del que se contemplaba dicha privatización garantizando las condiciones mínas de una televisión, con información de servicio público y manteniendo los puestos de trabajo.
Por su parte el Presidente del PP, Mariano Rajoy, propondrá una iniciativa en el Congreso de los Diputados para dar libertad a las Comunidades Autónomas sobre la gestión de las radiotelevisiones públicas incluyendo su privatización.
El debate sobre la utilización de las televisiones públicas en beneficio de los Gobiernos autonómicos es eterno. Destacan casos como el de Canal Sur o Canal 9, donde los propios trabajadores han denunciado que se ha incumplido el servicio público al tapar informaciones incómodas para el Gobierno.
Pero enca de esto está la cuestión económica. Las Comunidades Autónomas han tenido que ajustarse el cinturón y los presupuestos de las televisiones han sufrido recortes. En el caso de la radiotelevisión andaluza los recortes propuestos la Junta llevaron a los gestores a proponer bajadas salariales del 5%. Los trabajadores de la valenciana se han manifestado en varias ocasiones denunciando irregularidades y falta de estabilidad laboral, lo que se suma a la deuda que mantiene el ente. Por otro lado tanto en la pública balear como en la canaria son empresas externas las que se encargan de los contenidos. En el caso de IB3 los trabajadores han denunciado recientemente un ERE encubierto en la empresa Serveis Balears de Televisión. En junio los trabajadores de Videoret canarias fueron a la huelga desacuerdos con respecto al convenio.
Los recortes presupuestarios que tienen que asumir las autonómicas son subsanados los ingresos publicitarios. Este capítulo también da lugar a la discrepancia. Desde que la nueva Ley de Comunicación Audiovisual elinase la publicidad de Televisión Española, las privadas no han cesado de solicitar que el resto de televisiones públicas iten este modelo. Según UTECA, estos canales juegan con ventaja al contar con presupuesto público y privado.
Si las autonómicas pasasen a ser privadas las reglas del juego serían iguales para todas las televisiones ¿Pero podría garantizarse la supervivencia de estos canales sin el respaldo de los presupuestos públicos? Desde el sindicato UGT defienden el carácter de las radiotelevisiones autonómicas, reconocido la Ley General Audiovisual, necesario para garantizar el servicio público y la estabilidad de sus plantillas.
Seguiremos informando…
