Tras la sentencia emitida el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el pasado 16 de diciembre, que anulaba el concurso de adjudicación de 24 farmacias en el Principado de Asturias en 2002, las reacciones parte de la Consejería de Salud de la comunidad autónoma ya han llegado. La Consejería ha decidido recurrirla ante el Tribunal Supremo, además de interponer otro recurso contra la resolución del mismo órgano judicial asturiano que invalidaba algunos de los parámetros básicos de la planificación farmacéutica del Principado y que estaban incluidos en el decreto 72/2001. Todos estos veredictos supondrían la nulidad de los criterios de apertura de estos establecientos dentro de la comunidad autónoma.

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El cierre de esas 24 oficinas de farmacia podría haberse producido si los demandantes iniciales, María del Pilar Chao Gómez y José Manuel Blanco Pérez, hubiesen pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, mientras esperaban la decisión final que debe tomar el Tribunal Supremo. Si la ejecución fuese efectiva y el Supremo decidiera posteriormente considerar como legal su apertura todos los gastos derivados de esos cierres tendrían que ser costeados los propios demandantes.

Como puntos centrales de su recurso, la Consejería de Sanidad explica que ‘la planificación del estableciento de las oficinas de farmacia en base a criterios de población y distancia es la mejor forma de asegurar una adecuada distribución de estos recursos en el territorio de Asturias, tal como refleja la vigente ley de Ordenación Farmacéutica’. Además sostiene que el decreto 72/2001 ya no se encuentra en vigor, tras su sustitución la ley 1/2007 que establece nuevos parámetros en los criterios de planificación y apertura de oficinas de farmacia en el Principado.

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