El Gobierno acaba de aprobar el proyecto que flexibiliza la gestión de las televisiones autonómicas. La nueva normativa permite a los gobiernos cerrar sus televisiones y a sacar a concursos estas licencias, además de confirmar la entrada de privados a la gestión de las cadenas que decidan seguir prestando el servicio de televisión pública. En este últo caso siempre se deberán respetar los criterios de estabilidad presupuestaria.
El Ejecutivo acaba de hacer oficial la normativa que dará vía libre a las autonomía para decidir el modelo de gestión de sus televisiones autonómicas. Esto significa que se abre la puerta a la entrada de gestores privados, en modelos que van desde la externalización de servicios hasta su concesión y privatización, pero también autoriza a los Gobiernos a cerrar las cadenas, si es que así lo consideran necesario, y licitar estas licencias a privados.
La medida anunciada hace unos minutos la Vicepresidenta de Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha sido justificada la necesidad de mejorar la eficacia y la eficiencia de las cadenas en el marco de los recortes que se están realizando en todos los estamentos del Estado.
En este sentido se enmarca la exigencia de que las cadenas que sigan en manos de las autonomías –ya sea en modalidad de gestión directa o concesionada a privados respeten los criterios de estabilidad presupuestaria. Es decir, no se podrán endeudar con cargo a la administración como venía ocurriendo hasta estos momentos.
Con esta nueva normativa se desliga definitivamente a las Comunidades Autónomas de televisiones en su mayoría deficitarias, cumpliendo así una promesa electoral del Partido Popular. La Comunidad de Madrid (Telemadrid) y la de Castilla La Mancha (CLMTV) ya han avisado que su intención era externalizar sus cadenas, pero que el proyecto estaba paralizado precisamente a la espera de la autorización de la Administración Central.
Según el últo informe de UTECA las televisiones autonómicas recibieron en 2010 808 millones de euros en subvenciones que proceden de los gobiernos autonómicos, mientras que sus ingresos publicidad tan solo fueron de 245,6 millones. El resto de ingresos la presentación de servicios fueron de 44,3 millones. Los gastos de estas cadenas representaron en 2010 1.557 millones, que se dividía de la siguiente manera: 561 millones en consumos, 500 millones destinados a gastos de personal, 285,7 otros gastos de explotación y 210,6 amortizaciones.
Las plantillas de estas cadenas duplican e incluso triplican a los equipos de las televisiones privadas generando una elevada deuda. Por ejemplo, Canal 9 con 1.800 trabajadores, tenía una deuda de 1.298 millones de euros al cierre del año 2010. El año pasado tuvo una pérdidas de 183,7 millones de euros, frente los 212,3 millones de euros que tuvieron un año antes. La CCMA, en la que está integrado TV3, en 2007 arrastraba una deuda de 1.046 millones de euros que fue asumida el tripartito cuando gobernaba la Generalitat.
Con la actual situación del mercado publicitario en la televisión, la inversión privada en estas cadenas públicas es escasamente rentable. Es ello, que la prioridad para los actuales gestores es equilibrar los gastos y recortar costes. Esto necesariamente pasa reducir plantilla en la mayoría de las televisiones, de lo contrario ya no serán viables ni atractivas para una eventual inversión de empresas privadas o productoras. Canal 9 es el mejor ejemplo: es la televisión más endeudada y la prera autonómica en poner en marcha un ERE que se resolverá antes de fin de año.
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