México, Brasil, Honduras y Guatemala son los cuatro países latinoamericanos más sanguinarios para el ejercicio del periodismo. Así lo revela el Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). En 2015, entre ellos “sumaron 21 periodistas asesinados, a los que se añaden numerosos ataques violentos y amenazas de todo tipo contra la libertad informativa”. Aunque México se mantiene a la cabeza, Brasil lo sigue muy de cerca. ¿La causa? El tráfico de drogas se impone y, con el apoyo del gobierno y políticos, los periodistas se convierten en víctimas sólo por denunciar e informar.
En México, país donde los carteles de la droga actúan con total impunidad y la corrupción es algo asumido en la vida cotidiana, fueron ocho los periodistas asesinados. En Brasil, se contabilizaron siete, en algunos casos por informar de cuestiones como la prostitución infantil o la connivencia entre poder político y el narcotráfico. En Honduras, donde la impunidad es la regla, cuatro profesionales perdieron la vida a manos de asesinos a sueldo; y en Guatemala el balance mortal fue de dos informadores.
Por otra parte, en 2015 aumentaron las constantes violaciones del derecho internacional en materia de libertad de información llevadas a cabo por algunos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Honduras, México, Colombia y Cuba. Diferentes países adheridos al Pacto de San José, han venido ignorado desde hace años las recomendaciones y advertencias de la Organización de Estados Americanos. Estas violaciones se unen al paulatino deterioro de la situación de la prensa en América Latina y son una muestra del poco crédito que se da a la profesión de periodista.
En este sentido, y durante 2015, de las 17 medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado venezolano, sólo dos fueron tenidas en cuenta. Por su parte la Corte Suprema de Justicia de Honduras, también decidió ignorar las directivas de la CIDH que protegen el derecho del periodista Julio Ernesto Alvarado, que enfrenta un proceso por difamación, a seguir ejerciendo su profesión. México desoyó el alarmante informe de una delegación de la CIDH, que visitó el país tras la escalada de violencia allí registrada en los últimos meses de 2015, alegando que “no reflejaba la situación del país”, cuando sólo, en 2014, la CIDH recibió más de 500 denuncias por violación a los derechos humanos en México. Por último, tanto el gobierno colombiano, como el cubano, hicieron oídos sordos a los requerimientos de esta organización. En el primer caso cuando le recordó la obligación de realizar una investigación sobre el asesinato del periodista y defensor de los derechos humanos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, hallado muerto en Gachancipá. Y en el caso cubano, cuando le solicitó medidas de protección para el escritor y bloguero Angel Santisteban Prats, encarcelado en 2013, y que había sido víctima de malos tratos y tortura.
Otro aspecto a destacar en 2015, fue el comportamiento de numerosos jefes de Estado latinoamericanos que no dudaron en señalar con el dedo a los medios de comunicación y en denigrar la labor periodística en sus discursos públicos. Los presidentes Maduro, Correa o Hernández, no hicieron sino contribuir con sus declaraciones a un peligroso clima de censura, autocensura e impunidad en sus respectivos países.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no perdió la ocasión de acusar, en sus discursos, a los medios de comunicación extranjeros -como CNN en español y Miami Herald- de emprender una “campaña internacional” contra Venezuela. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa utilizó la misma fórmula, valiéndose de la prensa y vídeos oficiales transmitidos a través de “Enlace ciudadano”. Y el presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, se refirió a los “pseudoperiodistas [que] ocultan, tergiversan e inventan en su estado afanoso de incendiar al país”, respondiendo así a la acusación de que el Partido Nacional estaría implicado en una malversación de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Mientras que el presidente de El Salvador, Sánchez Cerén, reprochó a los medios de comunicación participar en una campaña de “terror psicológico” sobre el tema de la seguridad, por haber publicado estadísticas sobre la violencia.
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