Un tribunal ordenó el decomiso por parte del Estado panameño de las acciones del Grupo Editorial Panamá América S.A. (EPASA) así como la disolución de sus sociedades propietarias, luego de que este martes se condenara a 10 años de cárcel al expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales en el caso “New Business”, en el que se comprobó el uso de fondos públicos para la compra del grupo EPASA en 2010.
La noticia trascendió este miércoles en los medios locales, en donde se hecho referencia no solo a las implicaciones políticas del caso, sino a las repercusiones económicas que tendrá para unos 150 colaboradores de la editora.
Preocupación e incertidumbre ante los posibles escenarios
El presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Diego Quijano, mostró su preocupación ante la posibilidad de que el Estado tome el control del grupo de medios. “Nosotros consideramos que sería más riesgoso para la democracia que el Estado se mantenga bajo el control de estos tres medios, más conveniente sería que lo ponga en subasta buscando asesoría internacional de cómo podría hacerse este proceso para procurar que haya mayores fuentes de información”, señaló en una entrevista ofrecida al medio panameño Telemetro.com.
Existen diversas opiniones emitidas por parte de juristas, en las que por una parte, el abogado Francisco Carreira, considera que “la solución ideal” sería que el Estado subastara las acciones para que sean adquiridas por grupos privados.
Por otra parte, el profesional de las leyes Alfonso Fraguela, plantea un escenario distinto, pues considera que ante la falta de un periódico estatal en Panamá “valdría la pena que el Estado pudiese considerarlo como una especie de inversión”, con participación mixta, dando participación tanto a la empresa privada como a los trabajadores de la empresa.
Ambos abogados coinciden en que la forma en la que puedan ser afectadas las empresas desde el punto de vista económico, mantiene en la incertidumbre a cientos de trabajadores. Por ello, creen que el caso se resolverá, al menos, antes de las elecciones de mayo 2024.
La propiedad privada, indispensable para la libertad de expresión
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció en relación a este caso, para manifestar su preocupación por una decisión que podría afectar a la libertad de expresión en Panamá.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, sostuvo recalcó que si bien desde ese organismo son respetuosos con las decisiones judiciales, les preocupa “que los panameños pierdan una fuente importante de información y qué estrategia adoptará el gobierno en caso de que se ratifique la condena de incautación”.
Sostuvo que la SIP estará atenta al desarrollo del caso, el debido proceso y el papel que el gobierno jugará sobre el futuro del grupo editorial. “La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información”, advirtió.
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