Este martes, el Gobierno en funciones ha aprobado en el Consejo de Ministros seis nuevas campañas de publicidad bajo el procedimiento de contratación anticipada para el año 2024. El importe total es de 25,2 millones de euros en áreas diversas como la seguridad vial, el desarrollo rural, el turismo, la agricultura o la ciberseguridad, y, según se ha confirmado, su ejecución se llevará a cabo a partir del próximo año en todos los soportes de los medios de comunicación.
Pero bien, ¿vulnera esto la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional ? Según ciertas fuentes periodístcas, esta Ley indica que no se pueden adjudicar, ni emitir, campañas tres semanas antes de la realización de unas elecciones, al mismo tiempo que no se pueden seguir adjudicando campañas institucionales mientras un Gobierno esté en funciones, en el caso del actual Ejecutivo desde el pasado 23 de julio.
No obstante, desde el sector indican que técnicamente no se vulnera la ley aprobando estas campañas de contratación anticipada, siempre que su adjudicación efectiva se produzca cuando el Gobierno deje de estar en funciones. Y, como consta en la Plataforma de contratación del sector público, el reloj de las contrataciones estatales se paró la primera semana de julio. De hecho, diferentes medios dejan claro que han tenido que frenar todas sus adjudicaciones ya aprobadas hasta que el Ejecutivo deje de estar en funciones.
Pese a ello y a pesar que el Gobierno defiende que este procedimiento de contratación anticipada se realiza por la necesidad de poner en marcha campañas urgentes las primeras semanas del año siguiente, desde otros sectores se critica que se deje hipotecado a un eventual nuevo Ejecutivo con 25 millones de euros que se tendrán que ejecutar obligatoriamente durante 2024. En cualquier caso, ésta no es más que la primera avanzadilla del Plan de Publicidad Institucional 2024 que Moncloa prepara en estos momentos, pero que probablemente no pueda publicar mientras esté en funciones.
Cabe recordar que la publicidad institucional del Gobierno central se financia con dinero público y es utilizada por los diferentes ministerios para realizar campañas de concienciación, aunque su fuerte irrupción en época electoral se interpreta como un herramienta que tienen los diferentes ejecutivos para ensalzar sus logros y hacer proselitismo. Un ámbito, que también suele encontrarse en el punto de mira y es que no existe un criterio oficial para repartir estos recursos y además, la Administración nunca hace público el listado de los beneficiados, lo que genera suspicacia
Ahora bien, si comparamos con el ejercicio anterior, este presupuesto definido para 2024, se ha reducido a la mitad y se ha destinado a seis campañas, 7 menos que en 2022. La mayor es para “campañas de divulgación de Seguridad Vial” por 11,6 millones de euros; seguida de “concienciación sobre la ciberseguridad” por 6,3 millones; “caminos naturales de España” por cuatro millones; “difusión y promoción de los alimentos de España” por 3,1 millones; “ayudas a la política agraria común” por 300.000 euros; y “caminos naturales en Fitur 2024” por 275.000 euros.
No obstante, en el caso de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez siguió batiendo récords coincidiendo con seis meses de constante campaña electoral, primero en las municipales del 28 de marzo y las generales del 23 de julio. En los primeros seis meses de este año se aprobaron 47 contratos por valor de 87 millones de euros, IVA incluido, según los datos de la Plataforma de contratación del sector público cribados por este diario.
