Comienza una nueva legislatura en España y, con esta, un nuevo ciclo de negociaciones entre organizaciones y empresas con la Administración. Es el caso de la Cámara de Comercio de España, una corporación de derecho público con funciones de carácter consultivo y de colaboración con la Administración Pública, integrada por las entidades más representativas de la vida económico-empresarial del país. A pesar de su tamaño, o quizá debido a este, su actividad requiere de una constante interacción con los actores políticos para velar por el interés general de la economía y la sociedad española. En este sentido, ¿cuáles son sus retos en esta nueva legislatura?
Beatriz Pérez Mesías, Técnico de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España, analiza el panorama con PRNoticias. Considera que el diálogo será constante, indistintamente del signo político del Gobierno.
“La multiplicidad de interlocutores y la necesidad de lograr mayorías volverá a ser un reto para todos aquellos que deseen influir en las decisiones políticas, puesto que la agenda política en muchas ocasiones dificulta que todas las partes sean tomadas en consideración. No obstante, saber identificar quiénes son los interlocutores, sus competencias y comprender el proceso legislativo es un aspecto necesario, aunque no suficiente para tener éxito”, dice, y reflexiona así sobre el devenir de la actividad de la Cámara en esta nueva etapa política de España.
¿Qué tan fácil o difícil es la gestión de los Asuntos Públicos desde la Cámara de Comercio de España?
En primer lugar, convendría matizar qué concebimos por Asuntos Públicos para referirnos a la actividad que desempeña la Cámara de Comercio de España. El principal aspecto diferenciador de la Cámara es que esta constituye una corporación de derecho público con funciones atribuidas por Ley de carácter consultivo y de asesoramiento de la Administración Pública. La finalidad de esta función es trasladar las propuestas del mundo empresarial a los poderes públicos, pero habría que remarcar que estas propuestas siempre deben que velar por el interés general de la economía y la sociedad española. Esta labor, además, se realiza tanto a petición de las Administraciones Públicas interesadas, como de modo proactivo, por lo que los canales de interlocución son directos y de colaboración permanente. En este sentido, la Cámara de España, al estar integrada por las entidades más representativas del entorno económico-empresarial, se configura como una institución de referencia en la reflexión estratégica a largo plazo para todos los sectores productivos.
¿Y cómo ponéis en práctica esta función como órgano consultivo?
El ejercicio de la función consultiva es coordinado por la Dirección de Desarrollo Corporativo de la que formo parte, junto al resto del equipo, y de un Servicio de Estudios. Además, nos apoyamos en comisiones de trabajo, 17 en total, algunas de carácter sectorial y otras más transversales vinculadas a ámbitos como la digitalización o la formación, entre otros. Las comisiones consultivas son un ejemplo de colaboración público-privada. En las sesiones de trabajo están presentes representantes empresariales y asociaciones. También acuden como invitados los representantes de la propia Administración General del Estado que puedan contribuir al desarrollo de los asuntos a tratar en cada sesión. En este sentido, la Cámara de España toma en consideración las posiciones que se ponen de manifiesto en estas reuniones y adopta las medidas oportunas para que estas puedan reflejarse en el ejercicio de la función consultiva. El resultado se traduce en diferentes análisis y documentos estratégicos, así como informes relativos a procedimientos de consulta y audiencia pública.
¿Cómo considera que será en esta legislatura la interlocución entre el sector y el nuevo Gobierno de España?
Desde la Cámara de España como corporación de derecho público, seguiremos manteniendo el diálogo con la Administración tal y como como venimos haciendo hasta ahora, independientemente del signo político al que pertenezca el Gobierno. En lo que concierne a otros actores, la multiplicidad de interlocutores y la necesidad de lograr mayorías volverá a ser un reto para todos aquellos que deseen influir en las decisiones políticas, puesto que la agenda política en muchas ocasiones dificulta que todas las partes sean tomadas en consideración. No obstante, saber identificar quiénes son los interlocutores, sus competencias y comprender el proceso legislativo es un aspecto necesario, aunque no suficiente para tener éxito. También es crucial que las empresas sean capaces de anticiparse para canalizar sus demandas y de mostrase abiertas a colaborar con los poderes públicos, con el fin último de fortalecer nuestra economía. En definitiva, tan necesario es que los poderes públicos hagan un ejercicio de escucha activa, como que las empresas sean capaces de anticiparse, ya que ello no solo redundará en un beneficio democrático, sino también en la calidad de las decisiones políticas.
¿Cuál es la principal demanda del sector, sobre todo, aquella no alcanzada en la pasada legislatura?
La aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y posteriormente su adenda ha supuesto que la última legislatura fuese realmente intensiva en cuanto al impulso de nueva regulación, en especial en el ámbito de la sostenibilidad. No obstante, todavía quedan muchos retos pendientes y otros nuevos que han surgido a raíz de la situación geopolítica actual o de la puesta en marcha de determinadas medidas. La Cámara de España, en ejercicio de la función consultiva y tratándose de una organización multisectorial, elaboró un documento con motivo de las elecciones generales del pasado 23 de julio que recopilaba 170 medidas de política económica (17 ejes de actuación, 13 de carácter horizontal o transversal, y 4 de ámbito sectorial) para abordar esta nueva legislatura. Este documento fue distribuido a todos los partidos políticos antes de las elecciones generales para su conocimiento.
¿Destacarías alguna de ellas?
Una de las mayores reclamaciones de las empresas que me gustaría destacar y que es transversal a todos los sectores productivos está relacionada con la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa, ya que todo ello incide directamente en la actividad que desempeñan las empresas y en sus estrategias de crecimiento a medio y largo plazo. En definitiva, el impulso de una política que genere un contexto propicio para el crecimiento, la innovación, la internacionalización y la generación de empleo. Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, España necesita abogar por el diálogo y el acuerdo entre diferentes agentes políticos, económicos y sociales en ámbitos clave para el futuro a largo plazo, por lo que la empresa debería ser protagonista en las actuaciones de política económica que se vayan a poner en marcha. También, por supuesto, el tejido empresarial debería asumir este rol con la suficiente responsabilidad.
¿Qué otros trabajos venís desarrollando desde la Cámara de Comercio de España actualmente?
Otra cuestión muy relevante en la que trabajamos tiene que ver con el tamaño empresarial. Las pymes ostentan la mayor parte del tejido productivo español, representando casi el 65% del PIB, y la gran mayoría de ellas tienen menos de 10 trabajadores y un porcentaje muy importante no tienen empleados. Sin embargo, un tamaño empresarial reducido limita la capacidad de las compañías para internacionalizarse, innovar o atraer talento. Pero, además, el tamaño empresarial no es solo un factor relevante para las propias empresas, sino que también tiene consecuencias para el conjunto de la economía. Un tejido productivo cuyas empresas tengan una dimensión media elevada, presentará altos niveles de productividad y de creación de empleo y estará mejor preparado para enfrentar crisis. Por este motivo, la Cámara de España, a través de la Comisión de Pymes, ha seguido muy de cerca iniciativas como la Ley Crea y Crece o la Ley de Statups, aprobadas en la última legislatura, pero seguimos reclamando la adopción de medidas adicionales que ayuden a crecer a la empresa, puesto que todavía hay muchos retos por delante. En la actualidad estamos promoviendo un ciclo de sesiones en los distintos territorios de la mano de las Cámaras Territoriales para conocer de cerca cuáles son estos retos y promover medidas correctoras. Creemos que cualquier política orientada a la mejora de la competitividad de la economía española y a su crecimiento, debería considerar de forma prioritaria a las pymes.
¿Qué hará la Cámara de Comercio de España en materia de Asuntos Públicos para intentar que en esta legislatura sí se logre?
Como venimos haciendo hasta ahora, seguiremos desempeñando nuestro rol de apoyo y de colaboración con la Administración General del Estado, trabajando de la mano de las cámaras territoriales y las empresas, promoviendo nuevas sesiones de trabajo, publicando nuevos análisis y estudios y, en definitiva, fomentando una interlocución efectiva entre nuestro tejido empresarial y los poderes públicos.
Seguiremos Informando…
