El debate sobre la legislación en torno al sector de los VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) está encendido permanentemente y, aunque son muchos los avances, todavía le queda camino por recorrer. En España, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) es la legislación marco que establece los principios generales, pero las regulaciones específicas se recogen en las leyes y decretos de cada comunidad autónoma, una realidad que agrega complejidad, y más si el servicio se extiende a distintas latitudes. ¿Están preparados todos los actores para el avance de esta tecnología?
Conversamos sobre este punto con Carolina Pérez, vicepresidenta de Comunicación y Asuntos Públicos de Cabify, la compañía española, nacida en Madrid pero con un espíritu iberoamericano, pionera tanto en España como en América Latina en la creación y desarrollo de este modelo. La batalla jurídica que libra la empresa desde su nacimiento, en 2011, se hace visible cuando sectores tradicionales de movilidad se le enfrentan, trasladando incluso al usuario las acciones de protesta, pero los resultados de tal lucha son innegables: en 2022 registró unos ingresos de 688 millones de dólares (625 millones de euros) a escala global, un 32% más que en 2021 y es, sin duda, “una nueva alternativa de movilidad urbana que aporta diversidad, inclusión y respeto por las ciudades”, explica Pérez y argumenta la posición de la empresa para PRNoticias.
¿Cuál es el papel de las VTC?
Las VTC son una nueva alternativa de movilidad urbana gracias a la tecnología, que nos permite maximizar el uso de los recursos disponibles, ofreciendo un vehículo con conductor al usuario que lo necesita, ya sea VTC o taxi. Como ejemplo de nuestro impacto, hemos multiplicado por cuatro la ocupación que tenía un taxi tradicional antes del uso de esta tecnología, lo que supone un beneficio para el usuario, que encuentra lo que necesita con mayor agilidad; para el conductor o titular de la licencia, que incrementa sus ingresos considerablemente; y para la sociedad en general, pues se reduce considerablemente la circulación de coches en vacío.
¿Igual en España que en América Latina?
En Cabify tenemos la convicción de que para poder operar, primero debemos analizar y entender las ciudades y luego buscar la forma de dar respuesta a sus diferentes necesidades con soluciones sostenibles. Por esto, ofrecemos diversas opciones de movilidad a nuestros usuarios, tanto particulares como empresas, en función del país: viajes en vehículos con conductor, a través de taxi y VTC, alquiler de motos eléctricas por minutos, carsharing u opciones de logística. Esto hace que nuestro modelo tenga ligeras variaciones en cada país, pero que en todos ellos estemos trabajando por un propósito común que es el hacer de las ciudades mejores espacios para vivir a través de la movilidad, reduciendo la dependencia del coche particular en el día a día y aportando soluciones accesibles y sostenibles.
¿Cuáles son los desafíos del 2024 para Cabify en sectores como la tecnología y la movilidad?
Cabify es lo que podríamos llamar una compañía de TechMobility. Esto significa que somos una compañía de movilidad que desarrolla tecnología propia para conectar a las personas de forma segura, flexible y con calidad. Estamos trabajando para construir el mañana de la movilidad en Iberoamérica y eso requiere de regulaciones que entiendan que las ciudades no serán las mismas en pocos años, porque nuestra sociedad evoluciona muy rápidamente, y necesitamos poder anticiparnos para seguir avanzando en los retos del futuro en el transporte. Nuestros retos pasan por mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades, y para ello necesitamos reducir la dependencia del coche particular en el día a día y favorecer alternativas limpias de movilidad que aporten soluciones a ciudadanos, visitantes y empresas que desarrollan su vida y su actividad en estos núcleos urbanos. Para conseguir este desafío, que entendemos que es compartido por la sociedad civil, necesitamos apoyo de administraciones y empresas.
En la práctica, ¿cómo se traducen estos desafíos?
Por ejemplo, a finales de 2023 incorporamos doscientos nuevos coches eléctricos en Madrid, reforzando nuestro liderazgo en términos de descarbonización de flota. Esto supone un gran esfuerzo por nuestra parte para seguir avanzando en nuestros compromisos y priorizar una movilidad con cero emisiones que sea un referente más allá de nuestras fronteras. Pero necesitamos también que haya un apoyo en el avance de infraestructuras, seguridad jurídica en torno a las inversiones realizadas y garantías al modelo que se está desarrollando. Este caso de Madrid es aplicable a cualquier otro territorio donde Cabify está operando. También para ello, hemos liderado desde Cabify recientemente la creación de un grupo de trabajo para la movilidad del futuro en la Unión Europea, que nace con representantes de 18 unicornios europeos y que permitirá avanzar en innovación y competitividad en materia de transporte.
¿Son los mismos que en América Latina?
Varios de los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente son compartidos entre nuestro país y América Latina, como el tráfico de las ciudades, los niveles de polución y calidad del aire o la seguridad jurídica, entre otros. Pese a estos retos compartidos, en América Latina nos encontramos con una serie de desafíos específicos de esa región, como los aspectos relacionados con la seguridad o con el desarrollo del modelo de negocio de las plataformas digitales. España en particular y Europa en general se encuentran en una posición más estable en estos aspectos, con mayor desarrollo normativo y cierta estandarización, sin embargo aquí las regulaciones son diferentes en cada región y eso eleva la complejidad de la gestión. En el caso de América Latina, nos encontramos con diferencias significativas en función del país, y con modificaciones en función de cada gobierno, pero en general las regulaciones son más genéricas y permiten aportar soluciones a nivel país.
¿Cuenta Cabify con canales efectivos de interlocución con el legislador en España?
Desde la perspectiva de Cabify, la gestión de Asuntos Públicos presenta desafíos similares a los de cualquier otro sector que sea innovador. Detectamos que todavía hay numerosos prejuicios en torno al modelo de ride-hailing, por lo que existe todavía una necesidad de explicar y fomentar la comprensión. Todo cambio o avance implica siempre un tiempo de adaptación, y esto es algo que desde Cabify hemos hecho ya con más de 50 regulaciones diferentes solo en España. Sin embargo, la innovación y la competitividad todavía tienen por delante una necesidad de seguridad jurídica debido a la fragmentación de competencias y la diversidad de regulaciones, lo lleva a que el reto sea mayor y requiera de un esfuerzo inmenso que solo redunda en un desarrollo más lento.
¿Qué hace falta para mejorar esa interlocución?
Para poder mejorar en este sentido, es necesaria una mayor armonización normativa y una coordinación más eficaz entre los diferentes actores involucrados, promoviendo así un entorno más propicio para el desarrollo de la innovación y la sostenibilidad en el sector, y siempre integrando una visión a más largo plazo. Muchas de las decisiones tomadas desde la administración mejorarían si se pusiese al ciudadano en el centro del debate, pero encontramos algunas modificaciones regulatorias movidas únicamente por objetivos cortoplacistas que, en realidad, no benefician ni a los ciudadanos ni a la sociedad en general.
¿Cómo consideras que será esa interlocución en esta nueva legislatura?
Ambos -gobierno y sector- partimos de un gran interés común: la movilidad sostenible. Confiamos en que podamos encontrar la forma de colaborar juntos para desarrollar propuestas orientadas a mejorar la vida en las ciudades y poder seguir impulsando alternativas cero emisiones en nuestro país. La colaboración público-privada es un pilar para la construcción de un mañana más humano. Cabify se presenta como un caso de éxito a nivel mundial en materia de descarbonización y como una muestra en diferentes foros internacionales de los ambiciosos objetivos y avances en movilidad sostenible de una empresa madrileña. Confiamos, además, en que las recientes sentencias del TJUE y del Tribunal Supremo que dan la razón a la sociedad del grupo Cabify respecto de las injusticias regulatorias sufridas, permitan seguir desarrollando el modelo y dar respuesta a una demanda no atendida en las ciudades.
¿Y en América Latina, cómo está siendo la gestión de los Asuntos Públicos a nivel de legislación? ¿En qué países tiene más facilidades?
Más que diferenciar por países, diría que lo importante son los momentos. América Latina es un continente muy diverso y comparar un país con otro resulta complicado. Los retos en la región son muy grandes y el desarrollo es lento, no cabe duda, pero como compañía iberoamericana tenemos también un fuerte compromiso con América Latina y la ambición necesaria como para ser capaces de generar un impacto positivo en la sociedad y en las empresas, donde, por ejemplo, nos posicionamos como un gran aliado para mejorar su movilidad. Fuimos la primera app de movilidad que llegó a países como Perú, Chile o Argentina, y nuestro compromiso con los mercados donde operamos es indudable. Cientos de miles de conductores colaboran con nosotros, y millones de usuarios nos eligen día a día para moverse. No vemos las regulaciones como un inhibidor de la innovación, al revés, lo vemos como una oportunidad para crear un ecosistema adecuado para las nuevas tecnologías, para las nuevas industrias y el desarrollo económico, donde se permita poner las variables adecuadas para contribuir a una mejor movilidad y que a su vez generen mejores oportunidades de ingreso en la población.
¿Cuál es la principal demanda del sector en España?
Nuestra principal demanda es poder operar con una seguridad jurídica que nos permita como empresa española desarrollar nuestra actividad en el territorio nacional de acuerdo a los intereses del usuario y nuestras ciudades. Resulta necesario regular los servicios urbanos allí donde todavía no estén y no podemos seguir dando la espalda a las directrices que nos marca el Derecho Europeo o el propio Tribunal Supremo para garantizar una libre competencia que garantice mayor alternativas para el usuario y por tanto un incremento de los beneficios para la sociedad, cubriendo una demanda a día de hoy desatendida. Igualmente, detectamos como necesario recuperar la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, como nos exige la Unión Europea, para recoger las demandas de los distintos sectores y colectivos pero sobre todo para incluir en nuestra legislación una realidad imparable y capaz de transformar la vida de las personas. Para que el conjunto del sector avance, la visión multimodal es clave. Por ello, también nos gustaría que se tuviese en cuenta el punto de vista de Cabify en la regulación del sector del taxi, puesto que contamos con cientos de taxis que cada día se conectan a nuestra plataforma para desarrollar su actividad.
¿Cuáles son los principales beneficios para el sector, y para las sociedades en las que opera, alcanzar con éxito esta demanda?
Los servicios de VTC y taxi son alternativas eficientes y sostenibles para dar respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos, pero también se presentan como una herramienta al servicio de las instituciones. Actualmente, los reguladores locales se enfrentan al gran reto de implementar Zonas de Bajas Emisiones en aquellas localidades con más de cien mil habitantes, pero, de momento, han entrado en vigor menos de 20 de las 149 previstas. Los servicios de movilidad bajo demanda, como VTC y taxis, pueden convertirse en grandes aliados para ello. Estos servicios pueden llevar a una disminución de hasta un 3% en la compra de vehículos privados y a una reducción de hasta un 7% en las emisiones de CO2, lo que aceleraría considerablemente la descarbonización. Tenemos que entender la tecnología como una oportunidad para avanzar hacia unas ciudades más eficientes y sostenibles. La principal motivación de Cabify es hacer de las ciudades mejores lugares para vivir, por eso siempre estaremos a favor de mejorarlas, lo que pasa por reducir el volumen de coches particulares y fomentar alternativas de movilidad sostenible y accesible. Es importante abordar la regulación para una transición exitosa hacia un sistema de transporte más sostenible y que facilite la entrada de nuevos modelos.
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