España ha estado seis días en ascuas desde que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, publicara una “carta a la ciudadanía” para anunciar que necesitaba reflexionar sobre si dimitir o seguir al frente del gobierno luego de que, a su juicio, su esposa sufriera una campaña de desprestigio. La noticia sorprendió a propios y extraños, incluyendo al sector del lobby, que tras conocer este lunes 29 de abril que Sánchez “se queda”, algunos de sus representantes se han pronunciado.
Para Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI: “El intento de dimisión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, motivado por el escrutinio mediático y legal de su esposa, que está siendo investigada judicialmente por acusaciones de tráfico de influencias, subraya una deficiencia fundamental en el panorama político español: la ausencia de mecanismos sólidos para abordar los conflictos de intereses que afectan a los políticos y sus familias, junto con la transparencia y los estándares éticos en la toma de decisiones políticas”.
En sus redes sociales, Matías ha dicho que esta situación “pone de manifiesto una carencia fundamental en el panorama político español: la ausencia de mecanismos robustos para abordar los conflictos de intereses, asegurar la transparencia en la toma de decisiones, establecer pautas éticas claras para los funcionarios públicos y los actores privados. Además, la Oficina de Conflictos de Intereses no inspira confianza pública, lo que lleva a otras partes a emprender acciones legales”.
Recuerda la vicepresidenta de APRI que la OECD – OCDE, el GRECO de Council of Europe y el European Commission, han formulado varias recomendaciones para regular la transparencia y la integridad en el sector público español, que hasta ahora no se han implementado.
“Como profesional de los Asuntos Públicos y vicepresidenta de la Asociación Española de APRI, nuestra asociación lleva mucho tiempo abogando por normas de ética y la transparencia en el ámbito público en España”, dice Matías.
Para esta profesional del lobby, “los recientes acontecimientos políticos han subrayado la necesidad imperiosa de una regulación”. Alega que no se trata solo de regular el lobby sino “el funcionamiento de la vida pública, mejorar la transparencia y la conducta ética en las relaciones público-privadas para evitar conflictos de intereses y fomentar la confianza pública, mejorar el proceso de toma de decisiones, la calidad de las políticas públicas y, en definitiva, fortalecer nuestro sistema democrático”.
Concluye Irene Matías que “es crucial que, tras este episodio, para evitar perturbaciones en la vida pública española, el Gobierno español haga de la transparencia y la ética en el sector público una prioridad absoluta para fortalecer nuestras instituciones democráticas y reconstruir la confianza ciudadana entre los ciudadanos”.
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Respira y disfruta:
Los lobistas en España llevan años pidiendo una regulación. En 2022, con motivo de la Semana de la Administración Abierta, organizaron en el Senado el acto: “Hacia una profesionalización y regulación de la transparencia de los grupos de interés en España: el ejemplo europeo y autonómico”:
