El sector de la comunicación, y en especial las empresas de clipping, enfrenta una grave crisis debido a las acciones recientes de CEDRO, que el pasado 31 de julio de 2024 resolvió unilateralmente los contratos con los proveedores de seguimiento de prensa. En esta decisión de la entidad presidida por Carme Riera, se impuso un nuevo contrato sin negociación previa, dejando a todas las empresas del sector sin licencia desde el 1 de agosto.
Una realidad que algunas compañías líderes en el sector de la información han acatado, firmando el contrato, pero bajo coacción, aceptando condiciones abusivas que ponen en peligro la privacidad, la seguridad de los datos y la viabilidad económica de sus operaciones, y por tanto de sus clientes, quienes se ven gravemente afectados por la situación.
El nuevo contrato de CEDRO obliga a las empresas a compartir información sensible sobre sus clientes, incluyendo datos personales como el CIF y, en el caso de agencias, los nombres de los usuarios finales del clipping. Lo que representa, según diversos expertos, un ataque directo a la privacidad de los clientes, exponiéndolos a posibles reclamaciones de licencias adicionales por parte de CEDRO.
Sin embargo, y a pesar de las numerosas llamadas de atención del sector para discutir los términos contractuales, CEDRO, y su director general Jorge Corrales, ha rechazado cualquier intento de diálogo por parte de las empresas de clipping. Una actitud que, según fuentes solventes del sector, evidencia una actitud unilateral que contradice los principios de colaboración y transparencia que deberían regir en un entorno profesional.
Un fuerte impacto económico
Ahora bien, el contrato exige la instalación de un software espía en los sistemas de las empresas de clipping. Este software no solo constituye un grave riesgo de seguridad, sino que además CEDRO se exime de toda responsabilidad por cualquier daño derivado de su uso. En términos prácticos, los datos de los clientes están en riesgo, sin garantías de protección.
Un daño directo a la privacidad que además se complementa de un fuerte impacto económico que terminará de ser devastador para las empresas del sector. Las tarifas impuestas por CEDRO son desproporcionadas: Mientras que un usuario final paga 0,0013 € por artículo y una agencia de comunicación 0,0073 €, las empresas de clipping enfrentan un coste promedio de 0,28 € por artículo, un incremento de hasta 215 veces más.
Sin embargo, el cambio más perjudicial radica en la obligatoriedad de declarar todas las noticias enviadas a los clientes, independientemente de si fueron abiertas o no. Esto multiplica los costes de propiedad intelectual por 10, según estimaciones del sector el cual ha tenido que enfrentar en los últimos años, que los costes en derechos de propiedad intelectual se han incrementen un 250%, un ritmo insostenible para cualquier modelo de negocio.
Control total del sector
Y, por si fuera poco, una cláusula del contrato otorga a CEDRO la exclusividad en la realización de los recortes de prensa. Esto afecta directamente a la calidad y los tiempos de entrega, ya que las empresas de clipping quedan a merced de los plazos y criterios de CEDRO, que no asume responsabilidad alguna por posibles errores o demoras.
En definitiva, el sector de clipping, fundamental para la comunicación estratégica de empresas y organizaciones, se encuentra en una encrucijada. Las nuevas condiciones obligan a trasladar los costes adicionales a los clientes finales, encareciendo los servicios y comprometiendo la sostenibilidad de muchas empresas.
Es imprescindible que las autoridades regulatorias intervengan para garantizar la transparencia y la competencia justa en el mercado. La imposición de condiciones abusivas y la implementación de un software espía por parte de CEDRO no solo afectan a las empresas de clipping, sino que también comprometen la seguridad y privacidad de los clientes finales, erosionando la confianza en todo el ecosistema de comunicación.
Fuentes del sector reconocen que quieren ser utilizados por CEDRO para ceder datos confidenciales, que posteriormente serán usados para presionar a los clientes finales, en forma de agencias de comunicación o de compañías y marcas finalistas.
Mientras que diversos expertos consideran que es momento de alzar la voz y exigir soluciones justas que permitan a las empresas operar bajo condiciones razonables, garantizando al mismo tiempo la privacidad y seguridad de sus clientes.
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