El Instituto Coordenadas para la Economía y la Gobernanza Aplicada, en su segundo análisis sobre el Proyecto de ley de grupos de interés, asuntos públicos y lobby, subraya que en España, sectores como la banca, la protección de datos y la prevención del blanqueo de capitales han implementado requisitos formativos específicos. No obstante, los grupos de interés aún operan sin estándares profesionales claros.
Dice el informe que la falta de formación en este ámbito contribuye a la desconfianza ciudadana en el lobby y permite la intervención de actores no deseados, especialmente en un contexto donde recientes casos de corrupción han generado dudas sobre la relación entre el poder político y los intereses privados.
En países como Estados Unidos algunos estados han establecido requisitos de formación obligatoria para los lobistas. Pero en España, todavía hay mucho camino por recorrer. El Congreso de los Diputados está debatiendo actualmente una ley pionera para regular estas actividades, que responde a las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE. Esta iniciativa se alinea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Agenda 2030, y el IV Plan de Gobierno Abierto.
Más que códigos de conducta
Los especialistas advierten que regular el lobby no debe limitarse únicamente a registros y códigos de conducta. La implementación de un programa formativo estructurado ayudaría a profesionalizar el sector, estableciendo conocimientos esenciales en transparencia, procesos regulatorios y gestión de conflictos de interés. Esto garantizaría un diálogo más equilibrado entre los grupos de interés y los responsables públicos.
El Instituto Coordenadas sostiene que España tiene la oportunidad de adaptar su legislación a los estándares internacionales más avanzados. Introducir la formación obligatoria para los lobistas no solo legitimaría su papel en la democracia, sino que también contribuiría a prevenir prácticas irregulares y fortalecer la confianza en las instituciones.
Además, celebra que se creará la “huella normativa”: un registro que documentará todas las reuniones y contactos entre estos grupos y los funcionarios públicos durante el proceso de creación de normas. Este mecanismo, inédito en España, permitirá saber qué actores han participado en cada ley, cuando y qué han aportado, señala el Instituto Coordenadas en su informe.
La necesidad formativa
Asimismo, destaca la creciente demanda de formación especializada por parte de expertos en asuntos públicos, diplomacia institucional y altos directivos del Ibex-35, en un mercado donde la oferta de profesionales cualificados sigue siendo limitada en España.
En esta línea, el informe aplaude la iniciativa de la Universidad Nebrija con el lanzamiento del AP Institute, un centro universitario enfocado en la formación de líderes en asuntos públicos. Inspirado en programas de universidades estadounidenses como el Master in Public Affairs (MPA) y la Kennedy School de Harvard, este instituto busca elevar el nivel académico y profesional del sector.
Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas y responsable de este informe, valora positivamente la evolución del sector, para cambiar la percepción social del amiguismo y el pelotazo, y prevé que se superará la estimación de alcanzar 5.000 empleos especializados en asuntos públicos para 2030 en España, con posiciones directivas y salarios de seis cifras. A su juicio, “la formación y actualización constantes no solo dignifican el conocimiento, sino que también sirven al interés general”.
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