El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está desarrollando una ambiciosa Ley de Consumo Sostenible que busca fortalecer los derechos de los consumidores frente a prácticas empresariales engañosas y promover un modelo de consumo más responsable y sostenible. Y es que, según datos de la propia Comisión Europea, en los últimos años han aumentado significativamente las malas prácticas en el uso de la información medioambiental de las empresas, siendo que muchas páginas web, tiendas online o anuncios contienen alguna alegación medioambiental.
Objetivos clave de la ley
La futura normativa tiene varios objetivos:
- Combatir el greenwashing: Se establecerán sanciones de hasta 100.000 euros para las empresas que utilicen alegaciones medioambientales no verificables o engañosas en su publicidad y etiquetado, considerando estas prácticas como actos de competencia desleal
- Fomentar la reparabilidad: La ley promoverá el derecho a reparar productos, ampliando la garantía legal tras una reparación y obligando a los fabricantes a facilitar información sobre la durabilidad y posibilidad de reparación de sus productos .
- Empoderar al consumidor: Se busca proporcionar a los consumidores información clara y veraz sobre las características medioambientales de los productos, permitiéndoles tomar decisiones de compra más informadas y sostenibles.
Participación de la sociedad
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha reclamado un papel protagonista en el diseño y supervisión de las nuevas medidas. En sus aportaciones al proceso de consulta pública, la entidad ha insistido en la necesidad de articular mecanismos de control más allá de la mera autorregulación empresarial, como la creación de un observatorio independiente contra el greenwashing. Este organismo, según propone CECU, debería integrar a organizaciones de consumidores, entidades medioambientales y expertos académicos, con competencias claras para vigilar las prácticas de sostenibilidad en el mercado y emitir informes públicos. Además, la federación plantea que se refuercen los derechos colectivos de los consumidores para denunciar publicitaciones engañosas y se garantice el derecho efectivo a reparar productos, en línea con las recomendaciones europeas en materia de consumo sostenible. La participación activa de la sociedad civil, destacan desde CECU, será clave para dotar de legitimidad y eficacia a la futura normativa.
Próximos pasos
Tras la finalización de la consulta pública en marzo de 2024, se espera que el borrador del anteproyecto de ley pase a audiencia pública antes de que finalice el año. La aprobación de esta ley representará un paso significativo hacia un modelo de consumo más sostenible y transparente en España.
Con esta iniciativa, el gobierno busca no solo proteger a los consumidores, sino también incentivar a las empresas a adoptar prácticas más responsables y sostenibles, alineadas con los objetivos de la economía circular y la lucha contra el cambio climático.
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