España cierra 2025 como uno de los países más avanzados en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), impulsado por la UE para superar la crisis de la pandemia. Unos fondos canalizados a través de los Planes de Recuperación de los distintos Estados miembros. Según los datos de la plataforma ELISA, España ha recibido ya alrededor de 58.787 millones de euros resueltos en convocatorias y licitaciones del Plan, beneficiando a más de 1,3 millones de destinatarios, de los cuales el 41,4% son pymes y microempresas.
Este volumen se vio reforzado por un quinto desembolso del Plan de Recuperación, el mayor aprobado hasta la fecha para cualquier Estado miembro, por más de 24.137 millones de euros. No obstante, este hito vino acompañado de un giro decisivo: por primera vez, la Comisión Europea aplicó de forma visible el principio de pago por resultados, reteniendo temporalmente en torno a 1.100 millones de euros vinculados al cumplimiento parcial de determinadas reformas estructurales.
Por otro lado, el Gobierno presentó hace escasos días una Adenda al PRTR que supone cambios en la cuantía y en la gobernanza del Plan en su último año. Según explicó el Ministro de Economía, el Gobierno se centrará en la gestión de los 25.000 millones que aún quedan pendientes del total de transferencias asignadas en forma de subvenciones.
Al mismo tiempo, anunció que el Ejecutivo renuncia al 75% de los créditos que la UE puso a disposición de nuestro país. Un movimiento que se explica por dos razones: por el fácil acceso de España a los mercados y para rebajar las reformas necesarias para el desembolso de las subvenciones pendientes. El objetivo es agilizar y acelerar el despliegue de los fondos en su último año y obtener más flexibilidad a la hora de analizar los progresos de los proyectos ante la fecha final de agosto de 2026. Nueve meses clave.
Para empresas, instituciones y organizaciones, el mensaje es claro: los fondos siguen llegando, pero el listón de control, transparencia y rendimiento es más alto que nunca. Esta nueva etapa exige no sólo una ejecución impecable, sino también estrechar los canales de comunicación con las Administraciones y con los principales agentes sociales, en un contexto en el que la supervisión pública y el escrutinio ciudadano son cada vez más intensos.
De ejecutar a demostrar: el giro hacia el rendimiento y la transparencia
El MRR, el mecanismo puesto en marcha en 2021 para la distribución de los fondos Next Generation entre los países miembros de la UE, nació con una idea sencilla y disruptiva: Bruselas paga por hitos y objetivos cumplidos, no por facturas presentadas. Esa filosofía se ha consolidado a lo largo de 2025. Los Tribunales de Cuentas, tanto en el ámbito de la Unión Europea como a nivel nacional, han reclamado más enfoque en resultados, mayor trazabilidad y más información pública sobre quién recibe el dinero y qué impacto se genera realmente en el territorio.
Este cambio difumina la distancia entre la gestión técnica y la reputación institucional. Los proyectos ya no sólo deben ejecutarse; deben poder explicarse, seguirse y justificarse ante Administraciones, organismos de control y opinión pública. La propuesta pasa de ser un documento técnico a convertirse en un relato verificable de utilidad pública.
“La transparencia ya no es un añadido: en 2025 la narrativa del proyecto es parte de la evaluación del proyecto. Una organización que sabe explicar por qué su proyecto importa y qué impacto real genera aumenta su credibilidad ante la Administración y sus posibilidades en futuras convocatorias”, afirma Ignacio Colmenero, director de Comunicación Corporativa de evercom.
La clave para el próximo año: la legitimidad también se comunica
La carrera por los fondos públicos ya no es únicamente técnica o financiera: es, sobre todo, una competición por la legitimidad. En un entorno de escrutinio creciente, demostrar que cada euro público se convierte en impacto real, medible y verificable sobre la economía y el territorio es tan importante como la propia ejecución.
Una entidad que informa con regularidad, contextualiza sus resultados, reconoce dificultades y comparte aprendizajes consolida una imagen de socio fiable para la Administración. Por el contrario, la opacidad o una comunicación fragmentada, incluso cuando se cumplen los requisitos formales, limita su proyección, complica futuras solicitudes y erosiona su relación con los gestores públicos.
“Cada gasto de recursos públicos exige un relato verificable de impacto. Las organizaciones que contextualizan su trabajo, explican qué están logrando y reconocen lo que falta por hacer construyen legitimidad. La opacidad, aunque se cumpla el expediente, penaliza”, señala Antonio García Maldonado, director de Asuntos Públicos de evercom.
Un nuevo estándar: comunicar bien es parte del éxito
Sectores como la transición energética, la innovación industrial y de la pequeña empresa, la digitalización, la investigación o la transformación agroalimentaria incorporan cada vez más requisitos explícitos de comunicación, desde mecanismos de publicidad de la financiación europea hasta obligaciones de difusión de resultados y visibilidad institucional.
La comunicación deja de ser un elemento accesorio y se integra en el expediente mismo, exigiendo que los beneficiarios expliquen qué problema público abordan, a qué objetivos contribuyen, qué avances logran y cómo estos resultados se traducen en valor territorial y económico, manteniendo coherencia entre lo prometido, lo ejecutado y lo comunicado. Esta integración no sólo es un requisito para la evaluación de las iniciativas: abre oportunidades para las compañías que incorporan la gestión de la comunicación y de los asuntos públicos desde el inicio de las iniciativas, como pilares sobre los que sostener y reforzar el vínculo con sociedad e instituciones.
Las organizaciones que ya trabajan con indicadores claros, informes accesibles, narrativas sólidas y mapas de impacto están ganando visibilidad y fortaleciendo su relación con la Administración. En 2026, ejecutar bien será imprescindible, pero demostrarlo y contarlo con rigor se va a convertir en un requisito igual de determinante.
Para Ignacio Colmenero, esta evolución del ecosistema de fondos europeos exige un cambio cultural profundo dentro de las organizaciones: “Venimos de un modelo centrado en ejecutar y justificar técnicamente. Ahora entramos en una etapa donde también hay que explicar, interpretar y conectar los proyectos con los grandes retos del país. Ese es el salto cualitativo que marcará quién se consolida como socio estratégico de la Administración y quién se queda atrás”, destaca. “La comunicación deja de ser un instrumento de visibilidad para convertirse en una herramienta que acredita solvencia, reputación y compromiso público”.
“El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha cambiado las reglas del juego a nivel nacional. Exige organizaciones que comprendan el contexto regulatorio, que sepan anticipar qué espera la Administración y que sean capaces de demostrar el valor social de cada euro invertido. En definitiva, comunicar bien no es un fin en sí mismo: es la condición necesaria para que la inversión pública genere confianza, continuidad y resultados duraderos. Ese será el rasgo distintivo de los proyectos que lideren las próximas fases de la recuperación”, añade García Maldonado.
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