Son décadas las que llevamos observando cómo la ciudadanía —compuesta mayoritariamente por percebes de sofá que encuentran resistencia para mantener la saliva en la boca— asiste, sin la más mínima preocupación, a la degradación de la justicia. Un deterioro que se produce con la colaboración necesaria de una cúpula judicial politizada al extremo. En consecuencia, más que impartir justicia, se administra ideología.
Sostiene el libertino Marqués de Sade en su obra Los Infortunios de la Virtud que la ley es un invento para pobres y que los poderosos la obedecen cuando les da la gana. Y esto es así porque en el mundo no hay juez que no pueda comprarse con dinero.
Alegato de apertura:
Nuria Ruiz Tobarra, jueza de Primera Instancia e Instrucción en el número 3 de Catarroja, eximió de responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la delegada del gobierno, resultando esto cuanto menos sorprendente, ya que, recién iniciada la instrucción, decidió a la velocidad del bisonte herido que la responsabilidad recayera exclusivamente en el ámbito autonómico, lo que según la acusación particular no deja de ser una imputación directa de responsabilidades absolutamente incompatible en un Estado de Derecho que exige establecer este tipo de aseveraciones como conclusión del juicio oral o tras una instrucción detallada.
A mayor abundamiento, esta decisión sostenida en el desprecio del informe de la Guardia Civil —considerado una puta mierda por la jueza— pudo haberse tomado en virtud de la participación activa de Jorge Martínez, magistrado del juzgado número 4 de Valencia y marido de Nuria Ruiz, y que en el papel de protagonista secundario no ha dejado de aparecer por el recinto judicial durante todo el proceso de instrucción, convertido en un bulto sospechoso.
Levantó así el magistrado fundadas sospechas del papel que desempeñaba, llevando a la especulación de los participantes de si se trataba de un agente judicial, un agente de la CIA, un cobrador de morosos, un pertinaz vendedor de seguros o el camello de los juzgados, habiendo quien ha llegado a acusar al individuo de haber estado presente en los interrogatorios a las víctimas, y que incluso tuvo el atrevimiento patriarcal de indicar a su señora cómo hacer o no determinadas preguntas. Según la defensa del imputado Emilio Argüeso, uno de los dos investigados en la causa, el marido entraba a cada receso en la sala para hablar con su mujer, lo cual, de ser cierto, sería una intromisión que estaría influenciando la instrucción, encontrándonos sin duda ante la posible nulidad total o parcial de la misma según el grado de participación del cónyuge en la causa.
Dicho lo cual, lo que ignora la defensa es si las conversaciones iban más allá de anular la cita semanal en casa de los suegros o de si la tortilla de ayer llevaba demasiada cebolla.
Y así, señoría, es como la justicia se viste de toga… pero con el bolsillo bien abierto. Como ya sabía el Marqués, las leyes no son para quien puede comprarlas al peso.
pedro de aparicio y pérez de lucentis