La armonización fiscal europea es un esfuerzo de la Unión Europea por coordinar cómo los países gestionan sus cuentas públicas, especialmente el gasto, la deuda y los impuestos. No se trata de que todos tengan los mismos impuestos, sino de que haya reglas comunes que garanticen la estabilidad y la equidad entre países.
Se trata de un concepto en vigor desde abril de 2024, que impone nuevas reglas fiscales que sustituyen a las anteriores, que se consideraban rígidas y de difícil cumplimiento, dado el impacto de la pandemia y el contexto geopolítico actual. Ahora, se pretende que sea más realista y flexible, pero se exige a los países presentar planes fiscales y estructurales a 4 años. Y ahí es donde los ciudadanos debemos saber muy bien dónde están los límites,
España en el foco
España debe implementar esta normativa ajustando su marco fiscal nacional, algo que hasta ahora no ha hecho completamente. Hay incoherencias entre lo que se mide como gasto neto según Bruselas y cómo se contabiliza internamente (por ejemplo, en relación con la Seguridad Social).
Esto afecta especialmente a Comunidades Autónomas, que reclaman mayor claridad y coordinación vertical, y a ayuntamientos, que enfrentan incertidumbre sobre sus propios techos de gasto.
A nivel ciudadano, la armonización fiscal europea podría influir en el ajuste del gasto en servicios públicos, donde puede haber recortes o cambios. También podría haber reformas fiscales para aumentar ingresos y cumplir objetivos de deuda. Además, cumplir con las reglas podría condicionar el acceso a fondos europeos (Next Generation, por ejemplo).
El papel ciudadano
La armonización fiscal no es solo un tema de economistas o de Bruselas: afecta directamente a cuánto podemos gastar, cómo se distribuyen los recursos y qué margen tiene España para proteger su Estado del bienestar. Entenderla —y vigilar cómo se aplica— es una forma de defender los intereses de los ciudadanos.
Como sociedad, entre otras acciones, los españoles estamos llamados a exigir transparencia, tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas, para que expliquen con claridad cómo nos afectan estas reglas. También debemos reclamar justicia fiscal, y que las posibles subidas de impuestos o ajustes no recaigan solo en la clase trabajadora.
Es fundamental que la ciudadanía no solo esté informada, sino también implicada en el debate fiscal. Comprender las decisiones que se toman en Bruselas —y cómo se traducen en los presupuestos, servicios públicos o impuestos en casa— nos permite exigir políticas más equilibradas, responsables y orientadas al bien común. La armonización fiscal europea no debe ser una excusa para recortes automáticos, sino una oportunidad para construir un modelo económico más justo, eficiente y sostenible.
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