La situación laboral de Silvia Intxaurrondo ha dado un giro judicial después de que la presentadora decidiera impugnar su nuevo contrato como personal no fijo de RTVE. La periodista sostiene que la regularización derivada de la Inspección de Trabajo no ha alterado ni una línea de sus responsabilidades en La hora de La 1, por lo que considera injustificado el ajuste salarial que se le ha aplicado al pasar al III Convenio Colectivo.
Según han publicado varios medios, Intxaurrondo acepta el salario base establecido en dicho convenio, pero solicita un complemento mensual de 20.000 euros que le permitiría alcanzar los 253.356,96 euros anuales que asegura percibir previamente como colaboradora a través de una sociedad.
El paso dado por la presentadora ha provocado una reacción inmediata del sindicato USO, que ha hecho público un comunicado de tono especialmente crítico. La organización sostiene que la demanda supone una enmienda a la totalidad del sistema retributivo interno y recuerda que todas las categorías profesionales de la corporación están sometidas a un convenio “supervisado y ajustado a las exigencias del sector público”.
Asimismo, USO denuncia que la cuantía reclamada por la periodista no encaja en ninguna de las escalas salariales vigentes y alerta del precedente que podría sentar: trasladar al ámbito laboral condiciones económicas propias de contratos mercantiles que, según subrayan, la Inspección ya consideró irregulares. Para el sindicato, aceptar esa cifra implicaría abrir la puerta a privilegios que rompen la igualdad entre trabajadores y comprometen la coherencia salarial de RTVE.
La organización sindical también insiste en que la regularización exigida por la Inspección no fue un mero trámite administrativo, sino el reconocimiento de que existía una relación laboral encubierta. En ese escenario, señalan, no cabe más opción que aplicar estrictamente la ley y el convenio, sin excepciones ni blindajes individuales.
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