El caso Tizona Comunicación revive el debate sobre la regulación del lobby en España. La consultora, fundada y dirigida por los asesores clave de Santiago Abascal en Vox, Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, ha facturado según El País, casi 1,3 millones de euros al partido en un solo año por servicios de comunicación estratégica, con contratos directos que han generado críticas por opacidad y uso de fondos públicos. ¿Es este tipo de intermediación política un ejemplo de por qué España necesita urgentemente un marco normativo estricto contra el clientelismo y la opacidad en el lobby?
Vox ingresó en instituciones con acceso a fondos públicos, lo que disparó los ingresos de Tizona desde 13.700 euros en 2018 hasta 1,4 millones en 2020, acumulando 3,77 millones entre 2018 y 2022, con hasta el 75% procedente del partido. Y no es que se haya descubierto ahora, el HuffPost lo dijo ya en 2023. Ya entonces, el Tribunal de Cuentas requirió explicaciones por 516.670 euros facturados en 2019 bajo epígrafes genéricos, mientras que desde 2024 el contrato mensual asciende a 22.145 euros más IVA, justificado por “confianza personal” sin concursos públicos.
Tizona Comunicación habría destinado en 2023 el 70% de sus ingresos a “otros gastos” no detallados, como subcontrataciones opacas, lo que ha sido calificado por exdirigentes como Macarena Olona como parte del “negocio del patriotismo” ligado al “clan Intereconomía”. La abogada, exportavoz y exsecretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados (2019-2022), utilizó la expresión “negocio del patriotismo” y “clan Intereconomía” en múltiples intervenciones públicas tras su ruptura con Vox, principalmente entre 2023 y 2025.
En un comunicado fechado el 23 de marzo de 2026, Vox reivindicó el “inmejorable trabajo” de Tizona, destacando logros electorales (52 diputados en 2019) y detallando servicios auditados: asesoría, audiovisuales, web, resúmenes de prensa y discursos. La portavoz Pepa Millán insistió en ruedas de prensa que “no hay irregularidad” y que es habitual contratar consultoras políticas. El partido defiende a capa y espada la legalidad de los contratos, asegurando que han sido auditados sin irregularidades, pero la falta de desglose y la ausencia de empleados en la sociedad desde 2023 alimentan acusaciones de conflictos de interés en el lobby interno.
Si seguimos escarbando, podríamos encontrar más indicios, pero el solo hecho de que desde hace casi tres años la consultora Tizona Comunicación y su relación con Vox aparezca en decenas de titulares ligados a falta de transparencia y conflicto de intereses, impulsa a pensar que la regularización del lobby en España ha dejado de ser un clamor del sector y ha pasado a ser una urgencia nacional para blindar la democracia representativa y la confianza ciudadana en las instituciones.
España carece de una regulación del lobby, a diferencia de otros países de la UE. Solo existen avances parciales como el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de Grupos de Interés aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2025 —que propone un registro público obligatorio—; el registro del Congreso en trámite (rechazado previamente por Vox) y reformas a la Ley de Transparencia que exigen agendas públicas.
Casos como Tizona ilustran riesgos de adjudicaciones a dedo y falta de concurrencia, violando estándares europeos y erosionando la confianza en la democracia representativa, un dato que los legisladores españoles deben tener en cuenta para acelerar la tramitación de una norma vinculante con registro obligatorio, supervisor autónomo y sanciones reales para legitimar la actividad de lobistas profesionales y prevenir escándalos que cuestionen la integridad de los asuntos públicos en España. Antes de que sea demasiado tarde.
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