La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha expresado en un comunicado su preocupación ante la falta de avances en la regulación del lobby en España, tras conocer que la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales alerta del incumplimiento de la norma que obliga a diputados y senadores a publicar sus agendas institucionales y, en particular, sus reuniones y contactos con grupos de interés.
Este nuevo aviso, el quinto en cinco años, confirma que la transparencia sobre la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés sigue muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada. Que esta situación se repita por quinto año consecutivo demuestra que el problema no es puntual ni técnico, sino estructural y político.
“Si quienes tienen la responsabilidad de impulsar y aprobar una regulación del lobby no cumplen con las obligaciones de transparencia que ya les son exigibles, resulta difícil trasladar a la sociedad un mensaje creíble de compromiso con esta reforma. Precisamente por eso, creemos que es el momento de dar un paso adelante, asumir esa responsabilidad y avanzar hacia una regulación completa, efectiva y homologable a los estándares internacionales”, ha señalado el presidente de APRI, Carlos Parry.
No hay un mecanismo sancionador
La asociación recuerda que esta falta de cumplimiento se mantiene, en buena medida, porque las obligaciones vigentes carecen de un mecanismo sancionador efectivo en el ámbito parlamentario. Cuando una obligación formal no va acompañada de instrumentos de supervisión, control y sanción, su cumplimiento se debilita y su eficacia se ve limitada.
Consideran especialmente preocupante que sigan paralizados, por falta de acuerdo político, los dos proyectos normativos que podrían corregir esta situación. Por un lado, el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés y, por otro, la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, necesaria para dar desarrollo normativo a los compromisos incluidos en el plan de Parlamento Abierto e incorporar obligaciones claras de transparencia, trazabilidad y responsabilidad en la relación con los grupos de interés.
“La calidad democrática exige reglas claras, homogéneas y aplicables que refuercen la confianza pública y ofrezcan seguridad jurídica tanto a las instituciones como a los profesionales que desarrollan esta actividad de forma legítima y transparente”, dice APRI en su comunicado.
Una parálisis que sitúa a España a la cola de la UE
APRI recuerda que la Comisión Europea ha insistido en sus informes sobre el Estado de derecho en la necesidad de que España adopte una legislación específica sobre lobby, incluyendo un registro público obligatorio. Del mismo modo, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) lleva años reclamando reglas claras sobre cómo deben relacionarse los parlamentarios con los lobistas y otros terceros que tratan de influir en el proceso legislativo.
Afirman que la actual parálisis regulatoria sitúa a España en una posición de retraso respecto a las mejores prácticas internacionales y la priva de una herramienta esencial para reforzar la integridad institucional.
Por esta razón, APRI insta a todas las fuerzas políticas a dialogar para alcanzar un acuerdo que permita aprobar una regulación ambiciosa, útil y efectiva, alineada con los estándares internacionales. Asimismo, la asociación reitera su disposición a colaborar con las instituciones y los grupos parlamentarios para contribuir, desde la experiencia profesional y el conocimiento comparado, a una regulación moderna, equilibrada y plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno.
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