El mercado laboral en España está valorando cada vez más (y mejor) a los profesionales de los Asuntos Públicos. Hoy se hace indispensable anticipar cambios normativos, seguir la actividad regulatoria, gestionar de forma directa la interlocución institucional y atender a los clientes en temas como regulación, Inteligencia Artificial, geopolítica, sostenibilidad y otros. Las necesidades crecen, y las oportunidades también.
Los datos de la Radiografía de la profesión en España 2025 de APRI confirman esta tendencia. El 64% de los profesionales trabaja en departamentos internos, ya sea en empresas privadas (37%) o en otras organizaciones como asociaciones sectoriales o entidades institucionales (27%). Por su parte, un 25% desarrolla su actividad en agencias de comunicación y asuntos públicos, y un 11% adicional en consultoras especializadas. Para acceder a estos puestos de trabajo, la formación en Asuntos Públicos es vital, pero también lo es saber ¿de qué empresas y organizaciones estamos hablando?… ¿Y qué buscan?
Las empresas privadas
Las ofertas de empleo que hoy se publican en los motores de búsqueda sitúan a las empresas a la cabeza del listado de los empleadores. El estudio de APRI apunta especialmente a las empresas de sectores sometidos a una fuerte regulación, que apuestan por incorporar talento propio para gestionar de forma continuada sus relaciones con gobiernos, reguladores y administraciones. Hablamos de estos sectores: Energía, tecnología, salud, infraestructuras, telecomunicaciones, defensa y servicios financieros.
En sus anuncios, las empresas buscan perfiles capaces de conectar la regulación con la estrategia de negocio. A diferencia de las consultoras, donde predominan el análisis y la gestión de múltiples clientes, las empresas priorizan profesionales que comprendan en profundidad el sector en el que operan y sean capaces de anticipar riesgos regulatorios, construir relaciones estables con administraciones y reguladores, y trasladar esa lectura al proceso de toma de decisiones.
En los sectores antes mencionados, en los anuncios de las empresas predomina la búsqueda de talentos que conozcan el marco normativo, tengan capacidad de interlocución institucional y comprendan los desafíos políticos que afectan a la actividad empresarial.
Las agencias y consultoras
En las ofertas de empleo en el área de los Asuntos Públicos también predominan las agencias y consultoras de Asuntos Públicos como importantes empleadores. Buscan perfiles con una combinación cada vez más amplia de capacidades técnicas y relacionales. Más allá del conocimiento político e institucional, valoran profesionales capaces de realizar seguimiento legislativo y regulatorio, analizar iniciativas parlamentarias, elaborar informes estratégicos y comprender el impacto de las decisiones públicas sobre distintos sectores económicos.
El dominio del inglés se ha convertido para agencias y consultoras en un requisito indispensable, especialmente por el peso de la regulación europea, mientras que la formación en Ciencias Políticas, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o Comunicación sigue siendo la vía de entrada más frecuente. También gana relevancia la capacidad para gestionar clientes, trabajar con datos, interpretar contextos complejos y trasladar información política y regulatoria a decisiones empresariales concretas.
Las asociaciones sectoriales
Los anuncios de las asociaciones sectoriales, organizaciones empresariales y ONG buscan perfiles capaces de representar intereses ante las administraciones públicas y participar en el debate regulatorio desde una posición de legitimidad social. A diferencia de las empresas, donde el foco suele estar en proteger o impulsar la actividad del negocio, las organizaciones necesitan profesionales que sepan construir consensos, coordinar a múltiples actores y trasladar demandas colectivas a responsables políticos e institucionales.
En los anuncios de empleo de las asociaciones, se valora especialmente la capacidad de análisis normativo, la elaboración de propuestas de política pública, la gestión de alianzas y el conocimiento de los procesos legislativos. En el caso de las ONG, también adquieren relevancia la incidencia pública, la movilización social y la capacidad para conectar causas sociales con la agenda política e institucional.
Las consultoras especializadas
Tomando como referencia algunas ofertas quew hoy están en los motores de búsqueda, las consultoras buscan profesionales con una combinación de capacidades analíticas, regulatorias y de gestión de clientes. Valoran especialmente la capacidad para realizar seguimiento legislativo y parlamentario, monitorizar actividad política y regulatoria, elaborar informes estratégicos, analizar el impacto de normas y políticas públicas sobre distintos sectores y participar en el diseño de estrategias de influencia.
También exigen un alto nivel de inglés, conocimiento de las instituciones españolas y europeas, y formación en disciplinas como Ciencias Políticas, Derecho, Economía o Relaciones Internacionales. A diferencia de los departamentos internos de las empresas, donde prima el conocimiento de un sector concreto, las consultoras buscan perfiles capaces de trabajar simultáneamente para varios clientes, interpretar contextos políticos complejos y transformar información regulatoria en recomendaciones estratégicas.
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