La inmigración vuelve a situarse en el centro de la agenda comunitaria en un momento de fuerte presión política en numerosos Estados miembros. Este miércoles el Parlamento Europeo aprobó modificaciones a la política de la UE sobre el retorno de ciudadanos de terceros países que se encuentran en situación irregular en la UE.
La creación de un nuevo sistema europeo de retorno no es solo una cuestión migratoria: afecta a la relación entre instituciones europeas, gobiernos nacionales, organizaciones empresariales, ONG, sectores económicos dependientes de mano de obra extranjera y actores de la sociedad civil.
El Parlamento Europeo considera que las nuevas normas buscan simplificar y agilizar los procedimientos, respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional, incluidos el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas, a la vez que se evitan abusos y los movimientos no autorizados dentro de la UE. El acuerdo informal alcanzado el 1 de junio por los negociadores del Parlamento y del Consejo fue aprobado por el pleno con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones.
Bajo las nuevas normas, una decisión de retorno dictada por las autoridades nacionales competentes contra un ciudadano un país de fuera de la Unión que se encuentre en situación irregular en un Estado miembro conllevará la obligación de abandonar el país en cuestión de forma inmediata o en un plazo determinado.
«Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen. Por eso mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar con ellas. El retorno es la pieza final del sistema europeo de gestión migratoria, y estoy muy orgulloso de ponerla en su lugar», señaló Malik Azmani (Renew, Países Bajos), responsable de la tramitación parlamentaria del texto.
Obligación de cooperar y detención
Los ciudadanos de países de fuera de la Unión que hayan recibido una orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. Para preparar su retorno, podrán ser detenidos, tras una evaluación individualizada, por ejemplo, si no cooperan, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo de seguridad.
La detención deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial, y podrá alargarse 24 meses, prorrogables hasta seis meses más si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con un país de fuera de la Unión. Si un nacional de un país de fuera de la Unión se traslada a otro Estado miembro, podrá aplicarse un nuevo período de detención.
Los Estados miembros podrán exigir la presentación periódica ante las autoridades, o la obligación de residir en un lugar designado. También podrán imponerse alternativas a la detención, como una garantía financiera o la vigilancia electrónica.
Medidas de investigación
Las autoridades nacionales podrán llevar a cabo acciones de investigación específicas para preparar o garantizar un retorno efectivo. Algunas opciones son los registros a ciudadanos de fuera de la UE, de viviendas o de otros locales pertinentes, previa autorización judicial o administrativa, así como el registro y la incautación de efectos personales y dispositivos electrónicos.
Cualquiera de estas medidas deberá respetar los derechos fundamentales y estarán sujetas a las garantías y vías de recurso previstas en el derecho de la Unión y en la legislación nacional.
Acuerdos con países de fuera de la UE para la acogida de personas deportadas
Según las nuevas normas, será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, a «centros de retorno» situados en el territorio de un país que acepte acogerlos, en base a un acuerdo con un Estado miembro.
Los acuerdos solo podrán firmarse con países de fuera de la Unión que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Las autoridades nacionales deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de su entrada en vigor.
Próximos pasos
El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo. Posteriormente, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes de entrar en vigor. Algunas disposiciones, entre ellas las relativas a los centros de retorno, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos, se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren medidas preparatorias entrarán en vigor 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.
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