Aunque el auto no precisa los delitos concretos que podrían atribuirse a las nuevas investigadas, el magistrado considera que existen indicios suficientes para justificar su citación en esa condición procesal.
El juez recuerda que Alba y Laura Rodríguez Zapatero figuran como administradoras formales de la sociedad WhaTheFav, una entidad que, según la investigación, habría desempeñado un papel relevante en determinadas operaciones vinculadas a los hechos objeto del procedimiento.
En su resolución, Calama sostiene que la sociedad podría haber tenido una función instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para la investigación. Por ello, entiende que sus administradoras se encuentran dentro del círculo de personas potencialmente afectadas por la causa. Asimismo, argumenta que citarlas como testigos resultaría inadecuado, ya que les impondría la obligación de declarar verazmente sobre hechos que podrían afectar a su propia posición jurídica.
La condición de investigadas, señala, garantiza mejor sus derechos fundamentales y la validez de las diligencias practicadas.
Respecto a Gertrudis Alcázar, el auto la sitúa como una figura con un papel operativo relevante dentro de la estructura analizada por los investigadores, razón por la que también acuerda su imputación.
Más allá de las consecuencias penales que puedan derivarse de la causa, y que deberán determinar los tribunales, la resolución plantea una cuestión de carácter moral. Resulta inevitable preguntarse qué grado de responsabilidad tiene un padre cuando empuja a sus propias hijas a obedecer un comportamiento delincuencial.
La mera existencia de esa situación destroza la imagen pública construida durante años por los medios afines.
José Luis Rodríguez Zapatero fue presentado durante mucho tiempo por amplios sectores mediáticos como una buena persona, un dirigente dialogante, moderado y de talante conciliador. El obispo del wokismo ha destrozado su imagen propiciando que las sospechas judiciales hayan alcanzado también a sus hijas y a su secretaria.
Aunque la Justicia aún debe esclarecer los hechos, el daño reputacional ya es una realidad.
Y quizá la pregunta más incómoda no sea jurídica: ¿Cómo ha podido llegar a presidir un Gobierno una persona capaz de arrastrar a sus hijas por el fango?
José Antonio RULFO