Pérez Llorca anuncia un nuevo servicio de la Generalitat para recuperar viviendas públicas que estén ocupadas ilegalmente

ESTA INICIATIVA “RESPONDE A LA CRECIENTE NECESIDAD DE DAR UNA RESPUESTA RÁPIDA, COORDINADA Y SEGURA” ANTE LAS OCUPACIONES IRREGULARES 

Este proyecto, que ya ha sido licitado, incluirá un servicio de urgencias 24 horas con actuación inmediata tras un aviso de intrusión y estará operativo en toda la Comunitat Valenciana.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado el nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana que el Consell acaba de licitar. 

Esta iniciativa, según ha indicado, “responde a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas”. En la actualidad, la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), gestiona más de 14.500 viviendas del parque público en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, Pérez Llorca ha señalado que “somos conscientes de que arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda”.

Asimismo, el jefe del Consell ha advertido de que estas ocupaciones “vulneran los derechos de los demandantes, impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica”.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha señalado que con esta licitación la Generalitat “refuerza su compromiso con la gestión eficiente y segura del parque público de viviendas, asegurando la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y la convivencia en las comunidades afectadas por la ocupación irregular”. 

Se trata, ha añadido, “de una garantía para que las viviendas del parque público lleguen a las personas vulnerables que las solicitan cumpliendo los requisitos y la normativa”.

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