El caso Azud da un nuevo paso judicial y deja atrás una década de investigación. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha acordado continuar por los trámites del procedimiento abreviado respecto de 38 investigados, una decisión que acerca la causa a la apertura de un posible juicio oral. El auto, de más de 300 páginas, sitúa en el centro de la investigación distintas operaciones relacionadas con contratos públicos, urbanismo, presuntos cobros de comisiones, regalos y financiación de actividades electorales. La resolución no es una sentencia y todos los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
La dimensión política del caso va más allá del entorno de Rita Barberá. Entre los investigados aparecen personas vinculadas al antiguo gobierno municipal del PP, pero también dirigentes y excargos socialistas. Entre ellos están el exvicealcalde Alfonso Grau, varios familiares de Barberá, el exconcejal Jorge Bellver, el exportavoz socialista Rafael Rubio, el abogado José Luis Vera y Joan Navarro, antiguo director de Relaciones Institucionales de Acuamed.
La resolución también incluye a empresarios, promotores, abogados y funcionarios. Uno de los nombres centrales de la investigación es el empresario Jaime Febrer, alrededor del cual la jueza sitúa distintas operaciones investigadas.
Una investigación que empezó en 2016
El origen de la macrocausa se remonta a 2016, cuando la Agencia Tributaria puso el foco en el despacho del abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá. A partir de ahí, la investigación fue incorporando distintas piezas y operaciones. La causa ha terminado alcanzando contratos y operaciones urbanísticas en Valencia y en otros municipios de la Comunitat Valenciana, entre ellos Xixona, Burjassot, La Vila Joiosa y Benicàssim.
Según el auto, la investigación apunta a un sistema en el que determinados empresarios habrían buscado acceder a contratos y decisiones favorables mediante relaciones personales, políticas y administrativas. La jueza atribuye especial relevancia a la relación entre Alfonso Grau, José María Corbín y Jaime Febrer. La resolución considera que los tres desempeñaron papeles relevantes en la estructura investigada en torno a determinadas operaciones inmobiliarias y contrataciones públicas del Ayuntamiento de Valencia.
El dinero, las comisiones y los regalos
Uno de los elementos más relevantes para entender el caso son las cantidades de dinero que aparecen en la investigación. Respecto de José María Corbín, el auto cifra en más de 3,6 millones de euros las comisiones que, según la magistrada, habría cobrado de empresas adjudicatarias de contratos públicos del Ayuntamiento de Valencia.
La investigación también analiza presuntos pagos y comisiones vinculados a otros investigados y diferentes operaciones empresariales. El dinero aparece así como uno de los principales nexos entre los intereses privados y las decisiones administrativas que se investigan.
La otra dimensión política de Azud está en las personas relacionadas con el socialismo valenciano que continúan investigadas. Uno de los nombres es Rafael Rubio, antiguo portavoz del grupo municipal socialista en Valencia y posteriormente subdelegado del Gobierno. La jueza también mantiene como investigados a José Luis Vera y Joan Navarro.
En el caso de Rubio, el auto recoge que habría recibido regalos de Navidad del empresario Jaime Febrer desde 2002 y relaciona su nombre con Vera y otras personas vinculadas al PSOE. La resolución también aborda una operación urbanística que Rubio denunció públicamente en 2005 y los contactos posteriores entre las personas implicadas.
El hecho de que Rubio hubiera denunciado públicamente una operación urbanística y posteriormente aparezca como investigado dentro de la causa constituye uno de los elementos más llamativos de esta parte del procedimiento.
Vera, el puente entre empresarios y Administración
La figura de José Luis Vera adquiere especial relevancia porque aparece en diferentes ámbitos de la investigación. El abogado, históricamente relacionado con el entorno socialista valenciano, está investigado por su presunta participación en distintas operaciones vinculadas al empresario Jaime Febrer.
Una de ellas conduce hasta Xixona y al proyecto urbanístico de El Espartal. La investigación analiza los contactos entre Vera y Joan Navarro, entonces director de Relaciones Institucionales de Acuamed, en torno a un posible acuerdo entre la empresa pública y el Ayuntamiento de Xixona.
La cuestión era especialmente relevante para el desarrollo del proyecto: el suministro de agua. La hipótesis investigadora trata de determinar si los contactos políticos e institucionales sirvieron para facilitar una solución administrativa favorable a los intereses empresariales vinculados a El Espartal.
Acuamed y el caso de Xixona
Joan Navarro aparece en esta parte de la investigación por su posición en Acuamed, empresa pública estatal. Según el relato recogido en el procedimiento, Vera contactó con Navarro para abordar el problema hídrico del proyecto de El Espartal. La documentación analizada incluye comunicaciones entre ambos relacionadas con un acuerdo de intenciones entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona.
La relevancia de esta pieza está en que introduce una dimensión diferente a la de las contrataciones municipales de Valencia: la investigación trata de establecer si los intereses de un proyecto privado pudieron influir en la actuación de una entidad pública. Navarro, no obstante, no aparece en esta parte del auto como receptor personal de los supuestos fondos destinados a la financiación política. Su papel está relacionado fundamentalmente con su posición institucional y sus contactos con Vera.
PP y PSOE aparecen en una misma causa
La principal consecuencia política de este nuevo paso procesal es que el caso Azud ya no puede entenderse únicamente como una investigación sobre el antiguo Ayuntamiento de Valencia y el entorno de Rita Barberá. La causa alcanza a antiguos responsables del PP, familiares de la exalcaldesa, empresarios y funcionarios, pero también a personas vinculadas al PSPV-PSOE.
De hecho, el auto incluye entre los 38 investigados a Rafael Rubio, José Luis Vera y Joan Navarro, además de la exalcaldesa popular de Xixona Rosa María Verdú y otros responsables políticos y empresariales. Es esta dimensión transversal la que convierte a Azud en algo más que una derivación de la etapa de Rita Barberá.
Diez días para decidir el siguiente paso
Con la instrucción concluida, la causa entra ahora en la fase intermedia. La Fiscalía y las demás acusaciones disponen de diez días para solicitar la apertura del juicio oral y presentar sus escritos de acusación, pedir el sobreseimiento o, excepcionalmente, solicitar diligencias complementarias.
La resolución puede ser recurrida y, por tanto, todavía no supone la celebración de un juicio ni una declaración de culpabilidad. El siguiente movimiento corresponderá ahora a las acusaciones. Será entonces cuando se determine qué investigados afrontan finalmente una petición de apertura de juicio oral y por qué hechos concretos.
El caso Azud entra así en una nueva fase después de diez años de investigación. Y su principal particularidad política queda definida: una macrocausa que comenzó alrededor del Ayuntamiento de Valencia y del entorno de Rita Barberá y que, con el paso de los años, ha terminado reuniendo en un mismo procedimiento a intereses empresariales, cargos públicos y personas vinculadas a los dos grandes partidos de la política valenciana.
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