El sector de los asuntos públicos en España se prepara para uno de los mayores cambios regulatorios de su historia. La aprobación del Real Decreto-ley 21/2026, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, ha acelerado la movilización de las principales organizaciones profesionales y académicas, que ya han puesto en marcha iniciativas específicas para analizar sus consecuencias y preparar a los profesionales para su aplicación.
APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, presidida por Carlos Parry, y AP Institute-Universidad Nebrija, presidido por Joan Navarro, han impulsado dos convocatorias con planteamientos diferentes pero claramente complementarios: una gran cumbre abierta al conjunto de la profesión y un seminario ejecutivo de carácter reducido y selectivo.
La primera será la I Cumbre de Asuntos Públicos de España, organizada por APRI el próximo 8 de octubre en el Palacio de la Bolsa de Madrid. La cita aspira a convertirse en el gran punto de encuentro de la profesión y reunirá a representantes políticos, instituciones europeas, líderes empresariales, académicos y profesionales del sector.
Entre los participantes confirmados figuran la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; representantes del Parlamento Europeo y profesionales nacionales e internacionales. Además de la regulación, la cumbre abordará otros grandes desafíos de la profesión, desde la inteligencia artificial hasta los nuevos perfiles profesionales y la evolución de los asuntos públicos en los grandes centros internacionales de decisión.
La segunda iniciativa tendrá un planteamiento deliberadamente diferente. AP Institute-Universidad Nebrija celebrará el 20 de octubre en Madrid un seminario ejecutivo intensivo limitado a un máximo de 25 profesionales sénior, concebido como una jornada de trabajo de alto nivel para analizar en profundidad la aplicación práctica de la nueva regulación. Esta última convocatoria está condicionada a la aprobación definitiva de la Ley, ya que el objetivo es única y exclusivamente tratar sobre su aplicación práctica en el mundo corporativo.
El encuentro, dirigido académicamente por Joan Navarro, está orientado a responsables con experiencia y capacidad de decisión en asuntos públicos, relaciones institucionales, asesoría jurídica, compliance, regulación, comunicación corporativa y gobierno corporativo. El programa analizará cuestiones como el nuevo registro obligatorio, la identificación de clientes y representantes, la trazabilidad de reuniones y comunicaciones, la huella normativa, la protección de información confidencial o el régimen sancionador.
La diferencia entre ambas iniciativas refleja también las distintas necesidades que empieza a generar la regulación. Mientras APRI propone una gran conversación de sector sobre el futuro de la profesión, AP Institute busca un formato más ejecutivo, reducido y centrado en cómo adaptar organizaciones y equipos al nuevo marco jurídico.
Dos aproximaciones que fuentes profesionales consultadas consideran «necesarias y complementarias» ante una regulación que puede situar a España más cerca de los estándares ya desarrollados por las principales democracias europeas y organismos internacionales. De hecho, el propio Real Decreto-ley vincula expresamente el nuevo marco español con las recomendaciones de la Unión Europea, la OCDE y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.
La incógnita del Congreso
Existe, sin embargo, una circunstancia que condiciona todo el calendario: la convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley todavía no está asegurada. La norma fue aprobada el 25 de agosto, publicada en el BOE el día 26 y entró en vigor el 27 de agosto. Como todo real decreto-ley, debe someterse al Congreso dentro del plazo constitucional correspondiente.
La propia APRI reconoce que el resultado sigue abierto. Carlos Ruiz Mateos, vocal de su junta directiva y coordinador de la I Cumbre, ha señalado que la convalidación «para nada está garantizada» y que existe «una incertidumbre en el resultado», mientras la asociación mantiene contactos con los grupos parlamentarios.
En este contexto, el voto de Junts puede resultar determinante para construir una mayoría, lo que añade incertidumbre política a una norma largamente reclamada por los profesionales del sector. APRI ha pedido formalmente a los grupos parlamentarios que respalden la convalidación y lleva años reclamando una regulación estatal que aporte transparencia, reconocimiento profesional y seguridad jurídica a la interlocución entre empresas, organizaciones y poderes públicos.
El sector afronta así unas semanas decisivas. Pero, con independencia del resultado parlamentario inmediato, las convocatorias de APRI y AP Institute evidencian hasta qué punto los asuntos públicos han alcanzado en España un grado creciente de profesionalización: la discusión ya no gira en torno a si el lobby debe ser regulado, sino sobre cómo hacerlo con transparencia, rigor y garantías y cómo preparar a empresas y profesionales para operar bajo las nuevas reglas.
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