La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha dictado el auto de procedimiento abreviado de más de 300 páginas que concluye la investigación del denominado ‘Caso Azud’ y sienta en el banquillo a 38 personas por presunta corrupción en contratos públicos y operaciones urbanísticas. La resolución judicial pone fin a la fase de instrucción iniciada tras una denuncia de la Agencia Tributaria y otorga un plazo de diez días a las acusaciones para formular sus escritos de calificación o solicitar el sobreseimiento.
Según detalla la magistrada, la trama operó principalmente entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios de la Comunitat Valenciana mediante el pago de comisiones ilícitas por parte de importantes conglomerados como el Grupo Axis y Acciona. A cambio de estas mordidas —que superaron en conjunto los siete millones de euros—, responsables públicos amañaron recalificaciones urbanísticas, permutas de suelo patrimonial y contratos de saneamiento o ayuda a domicilio. El auto señala como eje central de la red al abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá, cuyos ingresos procedían en casi un 80 % de comisiones ilícitas abonadas por empresas beneficiarias de decisiones municipales.
La investigación destaca por ser una de las pocas macrocausas de corrupción que implica simultáneamente a dirigentes del Partido Popular y del PSPV-PSOE. Entre los encausados figuran el exvicealcalde Alfonso Grau (PP), a quien se atribuye el cobro de unos dos millones de euros en mordidas, el exportavoz socialista y exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, el exconcejal Jorge Bellver, sobrinas de Barberá y el letrado vinculado al PSOE José Luis Vera.
La resolución acredita asimismo una rama de financiación irregular de actos electorales del PSPV-PSOE en la campaña de 2007 por un valor de 484.480 euros, sufragados mediante facturación simulada y sociedades pantalla como Gigante Edificaciones y Obras. Dentro de esta cuantía, la jueza concluye que el entonces gerente socialista encargó la canalización de 102.080 euros para pagar publicidad y propaganda electoral del partido Unión Valenciana con el objetivo deliberado de restar votos al Partido Popular.
Tras rechazar las peticiones de sobreseimiento presentadas por los investigados, el juzgado mantiene el embargo preventivo y la administración de bienes decomisados que incluyen 4,8 millones de euros en efectivo, 61 inmuebles y vehículos de alta gama.