La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre una subvención directa de 80.000 euros concedida por el anterior Gobierno del Botànic, presidido por Ximo Puig, a UGT para financiar los gastos de su 43º Congreso Confederal, celebrado en València en mayo de 2021. El organismo analiza, entre otras cuestiones, la tramitación de la ayuda, los plazos de entrega y la justificación de los gastos vinculados al evento.
La subvención fue gestionada desde el departamento de Presidencia de la Generalitat, que entonces estaba dirigido por Ximo Puig. La investigación de Antifraude se centra ahora en determinar si el procedimiento empleado para conceder y justificar los fondos públicos se ajustó a la normativa. La apertura de estas actuaciones no implica, por sí misma, que se hayan acreditado irregularidades.
El actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha pronunciado sobre el caso durante una visita institucional a Crevillent y ha asegurado que contempla la investigación con “mucha preocupación”. El dirigente popular ha defendido que la ayuda fue concedida “a dedo” por el Ejecutivo del Botànic y ha asegurado que existían informes de la Abogacía de la Generalitat que advertían de que este tipo de subvenciones no podían concederse en esas condiciones.
Pérez Llorca carga contra la relación entre UGT y el PSPV
El presidente valenciano ha elevado además el tono de sus críticas al vincular la concesión de la ayuda con la relación histórica entre UGT y el socialismo valenciano. Pérez Llorca ha señalado que el sindicato es “socio y compañero de viaje” del PSPV y ha llegado a afirmar que la concesión de esta subvención supondría, en su opinión, “darse una subvención a ellos mismos”.
Pérez Llorca también ha recordado que por aquel congreso de UGT celebrado en València pasó el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, y ha reclamado que se esclarezca el procedimiento utilizado para entregar los 80.000 euros. El jefe del Consell ha mostrado su disposición a colaborar con Antifraude y ha asegurado que la Generalitat trasladará “todos los expedientes” que sean necesarios para aclarar los hechos.
Desde el PSPV, su síndic en Les Corts, José Muñoz, ha defendido una posición radicalmente distinta. Los socialistas aseguran estar “muy tranquilos” y “convencidos de que todo se hizo conforme a ley”, aunque respaldan que Antifraude investigue la concesión y han reclamado que el organismo actúe con “ecuanimidad”.
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