El decreto del Gobierno para regular la actividad de los lobbies no ha conseguido el consenso del Congreso en su debate de este 16 de septiembre, después de tres semanas de aplicación marcadas por la confusión y las dificultades en las relaciones entre la Administración, las empresas y las asociaciones. La norma, aprobada por decreto el 25 de agosto, creó un registro público y obligatorio de grupos de interés que generó problemas prácticos.
El principal conflicto político se centró en que el texto podía incluir a sindicatos y organizaciones empresariales dentro de la regulación de los grupos de interés. Sumar inicialmente anunció que votaría en contra, aunque finalmente apoyó el decreto después de que el ministro Óscar López se comprometiera a modificar la norma para excluir expresamente a los agentes sociales. Pero los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN inclinaron la balanza. Al final, el Real Decreto-ley 21/2026 obtuvo 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones, por lo que quedó derogado.
Trece organizaciones de la sociedad civil habían reclamado un día antes al Congreso la convalidación de dicho decreto, coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia. Defendían que la norma suponía un avance para reforzar la transparencia, la integridad institucional y la calidad democrática.
Las organizaciones firmantes reconocían que tanto el procedimiento utilizado —la aprobación mediante decreto-ley— como algunos aspectos del contenido podían mejorarse. Proponían convalidar inicialmente la norma y tramitarla después como Proyecto de Ley, de modo que pudiera ser modificada mediante el debate parlamentario, incorporar nuevas aportaciones y alcanzar un mayor consenso. Pero esta lucha por establecer reglas claras sobre la relación entre grupos de interés y poderes públicos en pro de la transparencia, integridad, rendición de cuentas y seguridad jurídica, no llegó a buen puerto por esta vía.
La reacción de los lobistas
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) insiste en la necesidad de que España cuente con una regulación estatal de los grupos de interés y reclama que se retome cuanto antes el diálogo para avanzar hacia una norma estable, equilibrada y con amplio respaldo parlamentario.
Tras decaer el Real Decreto-ley 21/2026, APRI considera que la necesidad de regular la representación de intereses sigue siendo urgente. El debate de las últimas semanas ha contribuido, además, a situar esta cuestión en el centro de la agenda política y a reforzar la conciencia sobre la importancia de establecer reglas claras para la interlocución entre la sociedad civil y los poderes públicos.
“Los asuntos públicos son un canal legítimo de participación democrática. Empresas, asociaciones, organizaciones sociales, colectivos profesionales y otros actores trasladan a través de ellos conocimiento, propuestas e intereses legítimos que contribuyen a enriquecer la toma de decisiones públicas. Regular esta actividad debe servir para reforzar su transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica, no para limitarla”, señalan desde APRI.
El presidente de la organización, Carlos Parry, señala que “la necesidad de una regulación no ha cambiado. Ahora se abre una nueva oportunidad para construir un marco más consensuado, sólido y duradero, que reconozca la representación de intereses como parte normal de una democracia abierta y participativa”.
APRI ha asegurado en un comunicado que seguirá defendiendo el modelo recogido en la propuesta de regulación aprobada por su Asamblea General, alineado con los marcos existentes en otros países de nuestro entorno. La propuesta incluye un registro de grupos de interés, un código de conducta claro, mecanismos de transparencia y trazabilidad de la participación en los procesos de decisión pública, agenda pública, huella legislativa y un régimen de control y sanción independiente y equilibrado para lobistas y responsables públicos.
La asociación considera que España cuenta ya con referencias suficientes para avanzar: la experiencia acumulada en distintas comunidades autónomas, los estándares europeos y el trabajo realizado por el propio sector permiten abordar ahora una regulación estatal con mayor consenso y vocación de permanencia.
“No partimos de cero. Existe experiencia, hay modelos de referencia y el sector tiene una propuesta clara. APRI seguirá trabajando con los grupos parlamentarios y las instituciones para contribuir a que España cuente con una regulación moderna, equilibrada y eficaz” concluye Parry.
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