La Escola Galega de Administración Pública (EGAP) clausuró este martes el XI Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, celebrado del 27 al 29 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela, con más de trescientos participantes de veinte países.
El encuentro, organizado en modalidad dual por la USC, la Universidad Central de Chile y la Universidad Complutense de Madrid, reunió a responsables públicos, académicos y representantes de la sociedad civil para debatir los retos de la transparencia, la regulación de lobbies, la inteligencia artificial y la integridad en un contexto de transformación digital y desinformación. Entre las entidades participantes estuvieron el Consello de Contas de Galicia, la Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia Española de Protección de Datos, Transparencia Internacional España, Fundación Hay Derecho y Access Info Europe.
Los debates se centraron en la regulación de los grupos de interés y la gestión de conflictos de intereses, con especial atención al registro público de lobbies, la publicidad de reuniones con altos cargos y las agendas oficiales como herramientas para reforzar la integridad en la función pública.
Asimismo, se analizó el impacto de la inteligencia artificial en el derecho de acceso a la información y la necesidad de garantizar transparencia algorítmica en las decisiones automatizadas de las administraciones, junto con otros retos como la ciberseguridad, la protección de datos, la desinformación y la comunicación pública clara y accesible.
La directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, situó la transparencia como un elemento esencial para reforzar la confianza en las instituciones y reivindicó la formación y profesionalización de los empleados públicos como elementos decisivos para una Administración “más moderna, íntegra y próxima” a la ciudadanía.
Este congreso cobra especial relevancia en este momento tras la aprobación en agosto de 2026 del Real Decreto-ley 21/2026 de transparencia e integridad de los grupos de interés y su posterior bloqueo en el Congreso en septiembre, lo que deja a España sin una regulación estatal plenamente vigente y eleva la importancia de la autorregulación y la credibilidad institucional. La incertidumbre normativa y de creciente escrutinio público hace que este evento funcione como foro de alineamiento con estándares europeos y de presión desde la academia, los órganos de control y la sociedad civil para garantizar que cualquier marco final de lobbies y gobierno abierto priorice la transparencia real, la trazabilidad de las decisiones y la confianza ciudadana.
La clausura contó con la secretaria general de la Universidade de Santiago, Alicia Villalba Sánchez; la decana de la Facultad de Derecho, Ana María Gude Fernández; el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino Hueso; el Conselleiro Maior del Consello de Contas de Galicia, Juan Carlos Aladro Fernández; el coordinador general del Congreso, Anxo Varela Hernández; y la secretaria general del Congreso, Yolanda Fernández Vivas.
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