La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha trasladado a los partidos políticos un documento con 106 propuestas agrupadas en 12 prioridades para la próxima legislatura, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La organización reclama a las formaciones que incorporen estas medidas a sus programas electorales y sitúen las necesidades de las personas con discapacidad en el centro del debate político y de la acción del futuro Gobierno.
El documento, titulado Propuestas electorales 2026: 12 prioridades para la próxima legislatura, plantea la necesidad de convertir los avances legislativos en derechos efectivos. COCEMFE considera fundamental garantizar el cumplimiento de las normas ya existentes, hacer realidad las nuevas garantías reconocidas en materia de discapacidad y dependencia y avanzar en aquellos ámbitos en los que persisten desigualdades. Su presidente, Anxo Queiruga, advierte de que reconocer derechos sobre el papel no es suficiente si las personas no pueden ejercerlos con independencia de su lugar de residencia o de sus recursos económicos.
Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de las listas de espera para acceder a prestaciones y apoyos, el impulso de la asistencia personal y la vida independiente, y el acceso a una vivienda accesible, asequible e inclusiva. La Confederación también reclama una educación inclusiva con los apoyos necesarios y medidas que favorezcan el empleo digno de las personas con discapacidad, junto con una mayor protección económica que compense los sobrecostes asociados a la discapacidad.
Financiación, accesibilidad y atención sanitaria, entre las prioridades
COCEMFE incluye asimismo la accesibilidad universal, la atención sanitaria equitativa y adaptada, y el acceso a tratamientos, productos sanitarios e innovación entre los ámbitos prioritarios. El documento también aborda la atención a la cronicidad, la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y la protección de los derechos de las personas con discapacidad ante la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial. Para la entidad, estas medidas deben acompañarse de financiación suficiente y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su cumplimiento y reducir las diferencias territoriales.
La organización reclama, además, que la perspectiva de la discapacidad se incorpore de forma transversal a las políticas públicas, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad, las personas con mayores necesidades de apoyo y quienes viven en el medio rural. También defiende la participación efectiva de las organizaciones representativas en el diseño, desarrollo y evaluación de las medidas que afectan a este colectivo. Con estas demandas, COCEMFE insta a todas las formaciones políticas a convertir las 12 prioridades en compromisos legislativos, presupuestarios y de gestión pública que permitan avanzar en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución. “Los derechos deben garantizarse con recursos suficientes, voluntad política y mecanismos que permitan exigir su cumplimiento”, concluye Queiruga.
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