La Ley 4/2026, de 1 de octubre, entra en vigor con nuevas garantías para proteger los derechos de las personas con problemas de salud mental ante las intervenciones sanitarias y asistenciales involuntarias. La reforma incorpora el artículo 13 bis al Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con el objetivo de reforzar la autonomía de los pacientes y favorecer las intervenciones voluntarias.
La norma establece que la atención debe basarse en el consentimiento libre e informado y respetar los deseos, la voluntad y las preferencias de cada persona. Además, busca evitar las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, el mantenimiento injustificado de estas medidas y su utilización con fines punitivos o disciplinarios. Las sujeciones y contenciones mecánicas quedan reservadas para situaciones excepcionales.
Más garantías ante los ingresos involuntarios
La Confederación Salud Mental España celebra la entrada en vigor de la reforma y reclama que se desarrolle con todas las garantías. Su presidente, Nel González Zapico, considera que supone un avance en la protección de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad y destaca la importancia de que los profesionales sanitarios dispongan de mecanismos para escuchar y respetar sus preferencias. La entidad participó el 22 de octubre en una jornada convocada por el Comisionado de Salud Mental para impulsar la aplicación de la ley y resolver dudas sobre su desarrollo.
La reforma también concreta los requisitos aplicables a los ingresos involuntarios, regulados en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos requerirán autorización judicial previa, salvo en situaciones de urgencia que justifiquen el ingreso inmediato, y deberán contemplar garantías como agotar las alternativas voluntarias, consultar las voluntades anticipadas, proporcionar los apoyos necesarios y ofrecer información accesible. Según el informe ‘La situación de la salud mental en España’, publicado en 2023 por Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, el 60,1% de las personas con un diagnóstico de salud mental había sido ingresado de forma involuntaria y el 40,3% había recibido poca o ninguna información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno.
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