Óscar Puente, finalmente, ha dimitido. Lo hizo la noche de este 3 de noviembre, al cierre de la comparecencia que él mismo había solicitado ante la Diputación Permanente del Congreso, seis días después del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado al menos 69 vidas. Tras horas de explicaciones técnicas, promesas de refuerzo de la seguridad y reproches políticos, alrededor de las 20:15 horas lanzaba la bomba: “Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a las listas electorales del 29 de noviembre. No seré cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid”.
El giro ha sido brusco. Por la mañana, tras el Consejo de Ministros, Puente rechazaba dimitir y el Gobierno trasladaba que no pensaba cesarlo. Horas más tarde, tras escuchar a una oposición que exigía su salida y a socios que ya no escondían su incomodidad, el ministro cambió de criterio. La contradicción revela la presión real que había sobre su cabeza, pero también que la sociedad española la necesitaba.
Esta dimisión no devuelve la vida a las víctimas ni sustituye a una rigurosa investigación judicial y técnica. Ni es el final del asunto. Pero el gesto permite al menos cerrar un telón y continuar la búsqueda de claridad sobre las causas del accidente y la revisión de los sistemas de seguridad.
Sánchez, mientras esté donde está, tiene la obligación de garantizar continuidad en la gestión de la crisis y de no convertir el relevo en una oportunidad política. Su responsabilidad no termina con la salida de Puente, ni esta se puede convertir en el precio simbólico de una tragedia que exige respuestas estructurales. Un Gobierno que durante días blindó a su ministro no puede pretender ahora que la dimisión de este agote la rendición de cuentas. La dignidad de las 69 víctimas no se negocia con un relevo calculado ni se satisface con un gesto tardío.