Periodista dice ser víctima de persecución

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CARACAS (07/03/06) La Policía venezolana detuvo al periodista de la cadena Globovisión, Gustavo Azócar Alcalá, minutos después de que terminara su programa en el que realizó varias denuncias contra un juez del estado Táchira. El informador cree que es vícta de una persecución política.

CARACAS (07/03/06) La Policía venezolana detuvo al periodista de la cadena Globovisión Gustavo Azócar Alcalá, minutos después de que terminara su programa en el que realizó varias denuncias contra un juez del estado Táchira. El informador cree que es vícta de una persecución política.

 

Según indicó Azócar cuando era trasladado a la sede policial, la orden de captura ha sido enviada el juez Sépto de Control Silveratio Chacón Labrador y acusó al gobernador de Táchira, Ronald Blanco La Cruz, de ordenar su detención.

 

“Estoy siendo detenido mi trabajo periodístico, mis denuncias, las cosas que hacemos permanentemente en Café con Azócar”’, afirmó el periodista, aludiendo a su programa televisivo.

 

Algunos medios de prensa se hicieron eco de lo declarado la Fiscalía General de Venezuela, y publican que la detención se produjo que el periodista se negó a comparecer ante los tribunales una causa estafa. Según esta versión, el fiscal 23 de Táchira, Juan de Jesús Gutiérrez, solicitó al tribunal la detención de Azócar el pasado 26 de septiembre y la ratificó el 3 de marzo, en vista de que habían transcurrido casi seis meses de la prera citación.

 

 

Atentado a la libertad de prensa

 

El presidente del Consejo Nacional de Periodistas, Levy Benshol fijó posición en relación al caso de Azócar, señalando que el hecho es un atentado contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 58 y contra la libertad de prensa.

 

“El periodista Gustavo Azócar se ha distinguido sus frecuentes denuncias con base de lo que está diciendo”, aseguró Benshol.

 

La Junta Directiva Nacional está respaldando también jurídicamente al comunicador. El presidente del CNP exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General que vele la integridad física del profesional detenido.

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