El equipo de gobierno del PSOE en San Sebastián de los Reyes aprobó la venta de 12 parcelas de Tempranales sin tener en cuenta las recomendaciones legales del Secretario y del Interventor Municipal, que abren la puerta a posibles recursos de empresas licitadoras y a la anulación de todo el procediento, advierte el PP en un comunicado enviado a PRMadrid. En su informe conjunto, Secretaría e Intervención sobreentienden que ‘en realidad se trata de una sola enajenación, necesitada en este caso (pues el valor del conjunto total de las parcelas supera el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto) de autorización previa de la Comunidad de Madrid.’
El equipo de gobierno del PSOE en San Sebastián de los Reyes aprobó la venta de 12 parcelas de Tempranales sin tener en cuenta las recomendaciones legales del Secretario y del Interventor Municipal, que abren la puerta a posibles recursos de empresas licitadoras y a la anulación de todo el procediento, advierte el PP en un comunicado enviado a PRMadrid. En su informe conjunto, Secretaría e Intervención sobreentienden que ‘en realidad se trata de una sola enajenación, necesitada en este caso (pues el valor del conjunto total de las parcelas supera el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto) de autorización previa de la Comunidad de Madrid.’
‘Existe la posibilidad –añade el Informe de que el Ayuntamiento sea requerido la Comunidad de Madrid y también la Administración del Estado para ajustar sus acuerdos a la normativa que entienda incumplida o incluso pugnarlos directamente.’
Además, los habilitados nacionales constatan el escaso tiempo de estudio que han tenido la Mesa de Contratación y la Comisión Informativa y ratifican la existencia de errores aritméticos en las valoraciones de los proyectos, lo que recomiendan se compruebe ‘la veracidad y exactitud de los datos manejados.’
Por otra parte, el PP se hace eco de las quejas de numerosas promotoras y cooperativas, que han sido penalizadas en las valoraciones incumpliento de normas urbanísticas. De los 269 proyectos presentados, ni el dos ciento cumple la normativa urbanística vigente, ya que existen diferencias de criterio técnicas que no fueron solventadas los técnicos municipales.
‘El reparto del pastel se ha hecho de forma descarada –afirma el tavoz popular, Manuel Ángel Fernández, pues muchas de las empresas adjudicatarias están vinculadas, de una u otra forma, a miembros del equipo de gobierno o componentes de la candidatura electoral’.
Llama la atención, destaca Manuel Ángel Fernández, que alguna de las promotoras tiene un capital social de 3.000 euros, que es el míno que marca la ley, cuando se van a embarcar en un proyecto de obras de 3 millones de euros.
El tavoz del PP vuelve a insistir en que ‘estamos completamente a favor de la vivienda protegida, siempre hemos votado en este sentido durante todo el mandato, pero no podemos estarlo de una venta de suelo público realizada de forma atropellada. Las prisas son malas consejeras. El fin no justifica los medios y hay que velar los intereses de todos los vecinos.’
